El tribunal popular intermedio de Changchun, provincia nororiental de Jilin, le impuso una multa de un millón de yuanes (140 mil 650 dólares), pero le concedió dos años de aplazamiento de la sentencia capital luego de considerar que confesó sus crímenes y colaboró voluntariamente con las investigaciones en su contra.
Según la justicia, entre 2001 y 2020 Sun usó su influencia y procuró ganancias para otros, aceptó ilegalmente dinero y propiedades por un valor de 646 millones de yuanes (más de 90 millones de dólares), y en 2018 manipuló el mercado financiero para evitarle pérdidas a algunos individuos.
Tenía dos armas ilícitas y fue expulsado del Partido Comunista de China (PCCh) por no “permanecer comprometido con los ideales y fe de la organización, mostrar una ambición política extremadamente excesiva, lanzar críticas sin fundamentos a las normas de la agrupación y diseminar rumores políticos”.
También se informó que “de forma inescrupulosa cultivó seguidores y grupos de interés para obtener ganancias personales, socavó la unidad del Partido y puso bajo riesgo la seguridad política”.
Sun es el segundo funcionario de alto rango que recibe la pena de muerte en China por segundo día consecutivo, pues ayer la misma corte dictaminó esa sentencia para el exministro de Justicia Fu Zhenghua también por aceptar sobornos por un valor de 117 millones de yuanes (17,3 millones de dólares) y abuso de poder.
Junto a esos casos, en meses recientes el gigante asiático comenzó a procesar a numerosos servidores de distintos rangos por delitos de corrupción.
En junio pasado el PCCh informó que investigó y sancionó alrededor de cinco millones de personas por actividades relacionadas con ese flagelo desde su 18 congreso en 2012 hasta abril de este año.
De esa cifra a 644 mil individuos se les castigó por violaciones a las normas de conducta del partido y del gobierno, mientras 74 mil se entregaron voluntariamente a los órganos disciplinarios.
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