En una declaración publicada aquí, advierten los firmantes que el único medio para definir la carta magna es a través de una instancia integrada por miembros elegidos directamente por la ciudadanía, de carácter paritaria, con escaños reservados y representantes del mundo independiente.
De esta forma, las organizaciones sociales, sindicales, de indígenas, ambientalistas y defensores de los derechos humanos rechazaron la intención de la derecha de encargar a un comité de expertos o al Congreso la redacción de una nueva Constitución.
“Avanzar en materia de respeto y garantía de derechos como la salud, la educación, la seguridad social, la vivienda digna, entre otros, debe ser una tarea prioritaria para el Estado en su conjunto y no pueden, por tanto, ser objeto de negociación ni postergación alguna”, señaló el comunicado.
El texto recordó que la demanda de avanzar hacia una nueva ley fundamental que reemplace a la vigente desde la dictadura (1973-1990) surgió de las protestas de 2019.
“Queremos advertir que no habrá paz social si los sectores defensores del statu quo pretenden retrotraer el estado de cosas al Chile pre estallido social”, advirtió el texto.
Para el presidente de la Comisión Chilena de Derechos Humanos, Carlos Margotta, con su maniobra los conservadores pueden provocar una nueva movilización como la de 2019. Consideró que no habrá tranquilidad mientras no se resuelvan los problemas estructurales que quedaron develados en el estallido social y donde masiva y mayoritariamente el pueblo de Chile expresó su deseo de terminar con el proyecto de la Constitución del 80.
La declaración fue entregada en el palacio de La Moneda, sede del Gobierno, en momentos en que los partidos políticos con representación en el Congreso Nacional reanudan las negociaciones sobre el proceso hacia una nueva carta magna.
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