El tema adquirió especial relevancia esta semana cuando Andalucía anunció la derogación de los gravámenes al Patrimonio, que supondrá dar una “clara declaración de intenciones (…) como regalo fiscal’ a 13 mil personas por un monto de 93 millones de euros, según la ministra del Trabajo, Yolanda Díaz.
Las críticas a los conservadores del Partido Popular (PP) no se hicieron esperar por el Gobierno de izquierdas que encabeza Pedro Sánchez, al fustigar que esa formación vaya camino a convertir en paraísos fiscales a Andalucía, antes Madrid, y en el mismo camino Murcia.
El jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, no estuvo ajeno al tema y desde Nueva York, donde termina su participación en la Asamblea General de la ONU, justificó el nuevo impuesto para gravar más la riqueza, al considerarla “más necesaria que nunca la justicia fiscal, para lograr a su vez una mayor justicia social”.
Señaló que los detalles de la iniciativa a implantarse el 1 de enero de 2023 se conocerán más adelante, y remarcó que se trata de una llamada a la corresponsabilidad fiscal en un momento en el que el Gobierno está haciendo rebajas selectivas de impuestos en el IVA del gas o la electricidad.
Sánchez aprovechó para anunciar que España va a destinar más de 237 millones de euros a salud global, 236,5 millones de euros para la seguridad alimentaria y 100 millones para la igualdad de género.
En torno al asunto de los impuestos, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, reiteró que la idea es subir los impuestos aplicados sobre grandes rentas y patrimonios, aunque de forma temporal, a lo cual varios partidos de izquierda pidieron que se haga de forma permanente.
“Al igual que ha ocurrido en los impuestos a energéticas y banca (actualmente en tramitación en el Congreso), trabajaremos en una fórmula temporal y posteriormente las circunstancias dirán si es necesario o no prorrogarlo”, puntualizó.
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