El presidente del grupo, el demócrata Bennie Thompson, pidió al Departamento de Justicia (DOJ) y al de Seguridad Nacional (DHS) abrir la indagación debido a las preocupaciones sobre si los indocumentados fueron coaccionados mediante información falsa para subir a los aviones y llegar hasta la isla Martha’s Vineyard.
La carta pregunta al DOJ “si se violó alguna ley federal en la coerción y el transporte de los migrantes”, e instó al DHS a precisar cualquier coordinación en su liberación de la custodia federal en Texas.
Cuando el diario The Hill preguntó a Thompson si alguno de los dos organismos parecía receptivo a emprender la investigación, comentó: “Bueno, creo que una carta del presidente de Seguridad Nacional pidiéndoles que revisen sería suficiente para reconocer que haremos algo al respecto”.
El pasado 14 de septiembre DeSantis envió dos aviones con unas 50 personas, la mayoría provenientes de Venezuela, para reubicar en Martha’s Vineyard, lo cual generó protestas.
La organización de derechos de migrantes Alianza Américas y tres de los implicados presentaron el martes último una demanda, en la cual alegan que fueron tratados por “personas misteriosas” e inducidos a subir a los vuelos mediante falsas promesas de puestos de trabajo y asistencia.
El procedimiento judicial apunta a DeSantis, al secretario de Transporte Jared Perdue y al estado de Florida por presuntas violaciones de la Constitución de Estados Unidos y leyes federales, además de la imposición intencionada de angustia emocional.
El equipo de DeSantis enfatizó en que las personas subieron a los vuelos voluntariamente, una afirmación que, de ser demostrada, negaría las reclamaciones del texto legal.
Los gobernadores de Florida, Texas (Greg Abbott), y Arizona (Doug Ducey), transportaron casi 13 mil personas al norte del país, como parte de un programa republicano para llevar a los indocumentados a las llamadas “ciudades santuarios”, estados que limitan su cooperación con las autoridades federales de inmigración.
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