miércoles 28 de septiembre de 2022

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Vicepresidenta argentina denuncia prevaricación en su contra

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Buenos Aires, 23 sep (Prensa Latina) La vicepresidenta Cristina Fernández aseguró hoy que el sistema judicial argentino está en crisis y acusó de prevaricación a fiscales y miembros del Tribunal Oral Federal 2 en el marco de la llamada Causa Vialidad.

El 22 de agosto, el fiscal Diego Luciani solicitó 12 años en prisión para la exmandataria y su inhabilitación para ejercer cargos públicos por presuntas irregularidades en la adjudicación de 51 obras en la provincia de Santa Cruz entre 2003 y 2015.

Al asumir su defensa esta jornada, Fernández aseveró que sus abogados, Carlos Alberto Beraldi y Ary Llernovoy, “desmontaron las increíbles mentiras que desarrollaron Luciani y su colega Sergio Mola”.

Salieron a la luz las arbitrariedades de este proceso. Resulta imposible creer cómo y por qué se lleva este juicio adelante, afirmó.

Hoy ejerzo el derecho que me concede el artículo 104 del Código de Procedimientos Penales, según el cual, al ser acusada y abogada, puedo intervenir en esta etapa. La posibilidad de defenderme me fue negada cuando hubo una arbitraria ampliación de los alegatos de los fiscales, señaló.

Si no fuera por mi profesión, ahora me encontraría en estado de indefensión. Quienes me procesan juegan al fútbol en las propiedades del expresidente Mauricio Macri, añadió.

Fernández también indicó que quedaron expuestas ilegalidades cometidas por el empresario Nicolás Caputo, amigo de Macri, las cuales fueron obviadas.

La acusación dice que los tres gobiernos constitucionales encabezados por Néstor Kirchner y por mí de 2003 a 2015 fueron asociaciones ilícitas. Nadie puede tomar en serio una denuncia ilógica y absurda, sentenció.

Además, explicó que las obras realizadas en Santa Cruz fueron licitadas y aprobadas por las leyes y autoridades de esa provincia.

Esta causa fue sobreseída en ese territorio y, sin embargo, estamos acá nuevamente, lo cual incumple la cláusula federal, indicó.

Este juicio no tiene ni pies ni cabeza. Es profundamente inconstitucional, antirrepublicano y antifederal. Se violó la congruencia y el orden jurídico del sistema, aseguró.

También recordó que solo el poder legislativo puede aprobar o desechar un presupuesto y que el Presidente es el responsable político del país porque la ley transfiere al jefe de Gabinete la administración general de la nación.

oda/gas

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