Ese día el legislador Edgar Reymundo, designando ponente, presentará su informe sobre el caso de la vicemandataria al citado grupo congresal y, de aprobarlo este, el proceso echará a andar a fondo.
Boluarte es acusada de infracción constitucional por incurrir en una falta administrativa al mantenerse como titular de un modesto club provinciano pese a que, por ser ministra (de Inclusión Social), está prohibida de ejercer otras funciones estatales y privadas.
La infracción, poco trascendente para muchos juristas, dio pie a que la oposición la acusara de violar la constitución, lo cual se sanciona con hasta 10 años de inhabilitación, que sus detractores pretenden aplicarle.
El siguiente paso, y así lo señalaron voceros de la oposición dura, sería vacar (destituir) al presidente Pedro Castillo, por la vaga causa constitucional de “permanente incapacidad moral” y se haría cargo de la Presidencia, por línea de sucesión, el actual titular del Congreso, José Williams, un exgeneral de derecha extrema.
La llamada “hoja de ruta”, que prevé contar con la tácita anuencia o acepatación explícita de los órganos judiciales y los mandos militares, presenta sin embargo inconvenientes políticos y jurídicos.
Al respecto, el jurista Omar Cairo, frecuente crítico del Gobierno, opinó que la infracción imputada a Dina Boluarte -quien argumenta que no incurrió en incompatibilidad- se aplica a su condición de ministra y la sanción no puede afectar su cargo de vicepresidenta.
Para Cairo, la sanción, en todo caso, debería ser su retiro del ministerio de Inclusión social, pero Boluarte debería continuar como segunda de la jerarquía constitucional.
De otro lado, la vacancia presidencial requiere, por orientación del Tribunal Constitucional y con el fin de evitar excesos en el uso de la medida, de una mayoría de dos tercios de los votos de los congresistas, es decir 87 sobre 130.
La derecha extrema ha fracasado dos veces en el intento de alcanzar esa mayoría, pese a sumar apoyos de bancadas de centro y de los medios de prensa, a lo que se suma al desgaste del Gobierno por sus limitaciones y errores y por acusaciones de corrupción.
Ante tal situación, la comisión de Constitución del Congreso debate un proyecto para reducir a 68 el número de votos requerido para defenestrar a Castillo, pero no son pocos los pronósticos de grandes protestas de consecuencias imprevisibles.
Y la ofensiva contra el mandatario tiene otra carta que jugar: una polémica acusación de a Castillo de “traición a la patria” porque, ante una pregunta sobre el otorgamiento de una salida al mar, declaró en una entrevista que tendría que consultarlo al pueblo”.
La grave acusación pierde eficacia ante el argumento jurídico de que ese delito se comete con acciones o decisiones palpables, no con comentarios ni declaraciones periodísticas y el presidente ha precisado que no cederá territorios al vecino país.
Las encuestas señalan por otra parte que la impopularidad del Gobierno, expresada en una aprobación que ha llegado a seis por ciento, hace indeseable una salida a la crisis con el Parlamento con todo el poder en sus manos.
Otro problema de la oposición es que su principal argumento para acabar con la administración de Castillo es que esta tiene graves acusaciones de corrupción, pero una encuesta ungió al Congreso como la institución más corrupta, con 60 por ciento de menciones, seguido del Ejecutivo, con 42 por ciento, y el Poder Judicial, con 34 por ciento.
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