En un comunicado difundido por el diario Página 12, los jefes de Estado Alberto Fernández (Argentina), Gustavo Petro (Colombia), Andrés Manuel López Obrador (México) y Luis Arce (Bolivia) denunciaron la persecución contra la también titular del Senado “con el propósito de apartarla de la vida política y sepultar los valores e ideales que representa para implantar un modelo neoliberal”.
El acoso a la vicepresidenta es llevado a cabo a través de sus adversarios, titulares periodísticos e irregularidades judiciales que vulneran el debido proceso. En los últimos años abrieron numerosas causas en su contra, muchas de las cuales debieron archivarse ante la ausencia de indicios sólidos, señala el texto.
Además, condena las malas prácticas en la llamada Causa Vialidad, entre ellas la negativa del Tribunal Oral Federal 2 a que la exmandataria ampliara su declaración tras la petición del fiscal de 12 años de cárcel e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, “lo cual vulnera el legítimo derecho a la defensa”.
Ante esa situación y las múltiples irregularidades legales y procesales, exigimos que se tomen en cuenta las conclusiones del Informe de la Relatoría Especial de Naciones Unidas de 2019 que cuestiona la independencia de los magistrados y abogados involucrados en varios de esos procesos, añade.
Por su parte, la Internacional Progresista denunció la guerra jurídica (lawfare) contra la vicepresidenta y “la violencia generada por una campaña más amplia de persecución que no sólo apunta a Cristina, sino a todos los proyectos de poder popular en Argentina y América Latina”.
La IP sostuvo que la derecha antidemocrática de la región utiliza esas tácticas para acosar, perseguir e inhabilitar a los principales líderes progresistas de la región y anunció el inicio de un movimiento de solidaridad en apoyo a la dirigente de esta nación sudamericana.
Las intervenciones militares directas y los golpes de Estado violentos fueron cambiados por la guerra legal apoyada por los medios de comunicación corporativos, para atacar a quienes no sirven a los intereses de la clase dominante y del modelo neoliberal, asevera el documento.
Asimismo, señala que está en riesgo la vida democrática en Argentina.
El texto fue firmado por el filósofo y politólogo Noam Chomsky (Estados Unidos), y los parlamentarios Yanis Varoufakis (Grecia) y Niki Ashton (Canadá), entre otros.
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