El portavoz de la Autoridad de Asuntos de Prisioneros y Exprisioneros, Hassan Abd Rabbo, precisó en un comunicado que los detenidos rechazan su reclusión bajo la política conocida como detención administrativa.
Ese procedimiento es utilizado por Israel para arrestar a palestinos por intervalos renovables que suelen oscilar de tres a seis meses sobre la base de pruebas no divulgadas que incluso el abogado del acusado tiene prohibido ver.
Sistemáticamente numerosos detenidos bajo esa norma inician huelgas de hambre por tiempo indefinido para denunciar sus casos y forzar a las autoridades israelíes a liberarlos.
Los palestinos y los grupos de derechos humanos denuncian que la detención administrativa viola el debido proceso judicial porque permite no presentar pruebas contra los presos mientras permanecen detenidos durante largos períodos sin ser acusados, juzgados o condenados.
Recientemente, cuatro organizaciones no gubernamentales revelaron que las fuerzas de seguridad israelíes arrestaron a tres mil 873 palestinos en el primer semestre de 2022.
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