De acuerdo con un informe de esa entidad reguladora, en el caso del transporte colectivo, selectivo y, posteriormente, los vehículos comerciales, el beneficio implicó desembolsos en el orden de los 50 millones de dólares de la totalidad comprada.
El alza de precios, aunado al hastío de la población por el excesivo gasto estatal no le dejaron otro camino al Gobierno que asumir parte de la factura en combustible para bajar la presión social, apuntó por su parte la edición dominical del diario La Prensa.
Desde la aplicación del subsidio al combustible, el pasado 18 de julio, para los automóviles particulares, el Estado asumió una cuenta de 76 millones 695 mil dólares de subvención, de un monto total facturado de 281 millones 546 mil 314 dólares, según la AIG.
La entidad señaló que de esta manera, unos 804 mil 941 conductores particulares beneficiados se han ahorrado un 27,24 por ciento de la factura, una vez aplicado el subsidio.
Sobre los vehículos particulares, aclaró la AIG, en el periodo se han realizado nueve millones 681 mil 863 transacciones (cantidad de veces que los conductores compran combustible subsidiado en las estaciones).
En el caso del beneficio aplicado al transporte colectivo, selectivo y, posteriormente y a los vehículos comerciales, se ha facturado la compra de 165,66 millones de dólares en combustible, subsidiándose 50 millones de dólares de la totalidad comprada, para un 30,1 por ciento de ahorro, precisó la AIG.
Con vigencia de tres meses prorrogables (vence el 18 de octubre), el nuevo precio del combustible a 3,25 dólares por galón (3,78 litros) lo estableció el Ejecutivo bajo presión de organizaciones sociales en protesta contra el alto costo de la vida.
Para obtener el beneficio solo hay que presentar la cédula, entonces el despachador anota el número de placa y le solicita el monto de combustible que quiere cargar, han dicho las autoridades.
Los colectivos populares han denunciado en una mesa única de diálogo con el Gobierno irregularidades para el acceso al combustible subsidiado por parte de productores agropecuarios y pescadores con equipos que no tienen registro vehicular.
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