Rusia lanzó el 24 de febrero pasado lo que el presidente Vladimir Putin calificó como una operación militar especial para “desmilitarizar” y “desnazificar” a Ucrania.
Putin afirmó entonces que el despliegue de las tropas rusas en el país vecino fue en respuesta a un pedido de ayuda hecho por las autoridades de las autoproclamadas repúblicas de Donetsk y Lugansk para repeler las agresiones y bombardeos de las fuerzas armadas ucranianas.
En el transcurso de la operación, las tropas rusas lograron extender su control a la totalidad de la provincia de Jersón, así como a la costa del mar de Azov en la provincia de Zaporozhie.
En estos territorios se establecieron autoridades locales que la semana pasada anunciaron la intención de organizar votaciones con vistas a su integración a Rusia.
Igualmente comenzaron a retransmitir programas de radio y televisión en idioma ruso y a restablecer los vínculos comerciales con Crimea, territorio que se separó de Ucrania y se reincorporó a Rusia en marzo de 2014.
Entre las personas sancionadas este lunes por Londres, que dijo que jamás reconocerá los resultados de esos referendos, están las autoridades principales de cada región.
La lista incluye además a varios directivos de empresas constructoras, empresas siderúrgicas, banqueros y el presidente del grupo Areti, Igor Makarov, que opera en el sector petrolero y gasífero.
A todas las personas sancionadas, que suman más de mil 200 desde el inicio de la operación militar rusa, se le prohíbe ingresar al Reino Unido, y se le congela de inmediato cualquier activo que posean en territorio británico.
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