Aunque falta un largo camino por recorrer, es la carta de triunfo a la que apela con frecuencia el conservador Partido Popular (PP) y en particular la presidenta de la Comunidad de Madrid (gobernación), Isabel Díaz Ayuso.
La crisis económica en general y de energía, especialmente, abrieron las apuestas y poco a poco las Comunidades Autónomas de España comienzan a sumarse a la idea de bajar los impuestos, un arma de doble filo que tiene un aspecto efectista del cual se vale el PP.
Andalucía se añadió a la lista encabezada por Madrid y Murcia dijo que lo haría en un plazo breve, todas comandadas por el PP. Sin embargo, llegaron las sorpresas, con Valencia, afín al Gobierno central de izquierdas de Pedro Sánchez, y ciertos guiños de Castilla La Mancha.
Un ajedrez político español que apenas comienza y se antoja el campo predilecto de las futuras controversias para conquistar al electorado, con el anhelo expreso del PP que lidera el gallego Alberto Núñez Feijóo de desbancar del Palacio de la Moncloa a la alianza Socialista-Podemos-Izquierda Unida.
Por ahora, hay muchas negociaciones respecto a los impuestos, habida cuenta de que como confirmó este martes la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), la “cesta de compra” de los ciudadanos en España se elevó en un 15,2 por ciento en un año.
Andalucía anunció la derogación de los gravámenes al Patrimonio, que supondrá dar una “clara declaración de intenciones (…) como regalo fiscal’ a 13 mil personas en Andalucía por un monto de 93 millones de euros, según la ministra del Trabajo Yolanda Díaz.
Las críticas a la derecha del PP y sus aliados no se hicieron esperar por el Gobierno Sánchez, al fustigar que esa formación vaya camino a convertir en paraísos fiscales a Andalucía, Madrid y Murcia.
El jefe del Ejecutivo se pronunció en línea con un nuevo impuesto para gravar más la riqueza, al considerarla “más necesaria que nunca la justicia fiscal, para lograr a su vez una mayor justicia social”.
Señaló que los detalles de la iniciativa a implantarse el 1 de enero de 2022 se conocerán más adelante, y remarcó que se trata de una llamada a la corresponsabilidad fiscal en un momento en el que el Gobierno está haciendo rebajas selectivas de impuestos en el Iva del gas o la electricidad.
La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, reiteró que la idea es subir los impuestos aplicados sobre grandes rentas y patrimonios, aunque de forma temporal, a lo cual varios partidos de izquierda pidieron que se haga de forma permanente.
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