“Paralizar un departamento por caprichos políticos para tratar de tapar su baja ejecución y su mala gestión no tiene sentido. Convocaron a dos paros cuando ellos sabían que su propuesta (para realizar el Censo en 2023) estaba incompleta”, aseguró la jefa del área adscrita al Ministerio de la Presidencia.
Según el rector de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno y aliado de Camacho, Vicente Cuéllar, la consulta ciudadana fue programada para obligar al Gobierno a efectuar el Censo de Población y Vivienda el año próximo y no en 2024 como acordó el 12 de julio último el Consejo Nacional de Autonomías.
De no cumplirse esa exigencia, Camacho y los grupos de poder cruceño que le secundan advirtieron que el cabildo “asumirá medidas de hecho”, según informó Cuéllar en su papel de portavoz de ese grupo calificado de “desestabilizador” por las autoridades.
El gobernador expresó que la junta a los pies del Cristo Redentor cruceño es “la última oportunidad” para que se cambie la fecha del censo o en su defecto ir a un paro indefinido o lo que denominó “una desobediencia civil”, expresión que los sectores sociales bolivianos interpretan como una situación similar a la antesala del golpe de Estado de 2019.
Alcón recordó que sería la tercera vez que los grupos de poder imponen un paro, tras los del 25 de julio y el 8 y 9 de agosto, pese a que para entonces la universidad cruceña no contaba con su propuesta concluida para que la encuesta nacional se realice en 2023.
Calificó de irresponsable someter a la población a esas 48 horas sin poder trabajar, lo cual provocó pérdidas diarias superiores a los 30 millones de dólares.
Miles de trabajadores gremiales marcharon este lunes en Santa Cruz contra esa posible medida de presión a la cual calificaron de desestabilizadora en momentos de recuperación económica del país.
Por su parte, el alcalde del municipio autónomo capitalino, Jhonny Fernández, y los empresarios de la Cámara Agropecuaria del Oriente y de la de Industria, Comercio, Servicios y Turismo de Santa Cruz expresaron su rechazo a detener el aparato productivo departamental.
Alcón reiteró que la intención de Camacho es encubrir su mala gestión gubernamental pues hasta el mes de agosto la ejecución de la inversión pública en el territorio cruceño fue de solo el 17 por ciento.
Sin embargo, el gasto corriente -salarios, pago de servicios, transferencias, impuestos y deuda- llegó a 51 puntos porcentuales de los dos mil 114 millones programados para la gestión del año en curso.
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