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Abogado cuestiona nueva acusación contra presidente de Perú

Lima, 28 sep (Prensa Latina) El abogado del presidente Pedro Castillo, Benji Espinoza, desacreditó hoy la acusación opositora de que el mandatario protege a un sobrino prófugo, tema sumado al arsenal de quienes buscan terminar con su gobierno.

“A veces el sentido común es el menos común de los sentidos. Creer que se oculta a Fray con Lay es ilógico, irrazonable”, afirmó el letrado, en alusión a la sospecha periodística y política de que el sobrino fugitivo, Fray Vásquez Castillo, viajó al interior en el avión presidencial bajo el nombre inexistente de Lay Vásquez Castillo.

Descartó así que el mandatario hubiera llevado a bordo de la nave, en un viaje oficial, al sobrino incluido en una investigación sobre presunta corrupción y prófugo desde marzo pasado, cuando un juez dictaminó que sea sometido a prisión preventiva por 36 meses, mientras se le investiga.

El caso fue originado por un portal de Internet que mostró lo que afirma es el manifiesto de pasajeros del viaje a la norteña ciudad de Chiclayo de junio pasado, en el que figura como familiar de Castillo Lay Vásquez Castillo.

Al desmentir la versión el domingo último, Castillo sostuvo que el documento fue manipulado y señaló que “Con esta patraña quieren afectar la gobernabilidad y democracia” y ratificó su respeto al Estado de Derecho y la justicia.

La calificación de ilógico e irrazonable formulada por el abogado del presidente alude a lo burdo que hubiera sido que el mandatario oculte a su sobrino con un nombre parecido al real y con los mismos apellidos.

El caso dio pie a afirmaciones de la oposición política y mediática de que, de confirmarse la insinuación del medio de Internet “Centro Líber”, el mandatario habría incurrido en un grave delito al ocultar a un prófugo de la justicia, lo que podría usarse para lograr el objetivo de vacar (destituir) a Castillo, meta buscada desde el inicio de su gobierno.

Los detractores del gobernante usan con ese fin, además, al menos cinco investigaciones por presunta corrupción abiertas por la nueva fiscal de la Nación asumida en julio pasado, Patricia Benavides, a quien el Gobierno señala como parte de una conjura para desestabilizarlo, de la que, afirman, participan sectores del Parlamento y de la prensa.

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