Si bien los partidos de derecha y algunos sectores del centro representados en la Cámara Alta del Congreso aseguran tener los sufragios necesarios para aprobar el acuerdo, un recurso administrativo de último momento podría retrasar al menos una semana ese procedimiento.
Dentro del gobierno, una de las alianzas, Socialismo Democrático, está a favor de ese pacto, mientras la otra, Apruebo Dignidad, lo rechaza.
La principal contradicción está en el capítulo del uso de tribunales internacionales para la solución de controversias entre inversionistas y los estados miembros del TPP11.
Tal y como está redactado el acuerdo, un consorcio o corporación transnacional puede demandar a un país si considera que de alguna manera está obstruyendo sus «expectativas razonables de ganancias».
Este acápite podría ser utilizado contra Chile, por ejemplo, si decide priorizar el uso del agua para beneficio de su población y no en el de las grandes empresas mineras ya instaladas, o con interés de realizar operaciones, en esta nación sudamericana.
En recientes declaraciones el presidente Gabriel Boric recordó que la firma de este tratado no forma parte del programa de su administración, pero que respetaría una eventual decisión del Congreso para aprobarlo.
La víspera, la ministra Secretaria General de Gobierno, Camila Vallejo, aseguró que si el pacto es aprobado este miércoles en el Senado, el ejecutivo no lo ratificará hasta tener una serie de «cartas bilaterales» firmadas con los miembros del acuerdo.
Se trata de documentos bilaterales destinados a resguardar los intereses nacionales, en particular los afectados por los mecanismos de solución de controversias.
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