El Gobierno añadió que si no se proscribe inmediatamente, dicho grupo continuaría sus actividades subversivas, perturbando la paz pública público y socavando el orden constitucional, reflejó el diario The Hindu.
Dicha organización fomenta un régimen regresivo basado en el terror y propaga sentimientos antinacionales, radicalizando a un sector concreto de la sociedad para crear desafección contra el país, en detrimento de la integridad, la seguridad y la soberanía nacional, agregó.
Esta prohibición se produjo tras una redada realizada en todo el país hace una semana, en la cual la Agencia Nacional de Investigación y otros organismos detuvieron a 109 miembros de estos grupos.
El Ministerio del Interior creará ahora un tribunal para juzgar el caso y afirmó en una notificación que algunos de los miembros del PFI son líderes del Movimiento Islámico de Estudiantes de la India y tienen vínculos con Jamat-ul-Mujahideen Bangladesh, ambas organizaciones prohibidas.
También, tiene vínculos con organizaciones terroristas mundiales como el Estado Islámico en Irak y Siria (ISIS) y participó en actividades terroristas en Irak, Siria y Afganistán.
El PFI y sus asociados operan como una organización socioeconómica, educativa y política, según una agenda secreta para radicalizar un sector de la sociedad en aras de socavar el concepto de democracia, señaló la fuente.
Sus cuadros participaron en varios actos terroristas y en el asesinato de varias personas en los estados indios de Kerala, Tamil Nadu y Karnataka.
El PFI creó organizaciones de fachada para aumentar su alcance entre diferentes sectores de la sociedad, como los jóvenes, estudiantes, mujeres, imanes, abogados y los sectores más débiles de la sociedad, buscando ampliar su número de miembros, influencia y capacidad de recaudación de fondos.
El Partido Comunista de la India (marxista) emitió una declaración sobre este asunto, en la cual opinó que el PFI es una organización con puntos de vista extremistas y participa en actividades violentas contra sus supuestos oponentes.
También, el PCI (M) reafirmó su oposición a estas opiniones extremistas y condenó sus actividades violentas pero señaló la necesidad de medidas administrativas firmes en virtud de las leyes existentes contra el PFI siempre que se preste a actividades ilegales o violentas y su ideología sectaria y divisiva debe ser expuesta y combatida políticamente.
Mantener el carácter laico-democrático de la República contrarrestando a estas fuerzas debe ser el principal deber de quienes ejercen el poder y juran defender la Constitución, acotó el PCI (M).
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