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Rechazan en Panamá esquema de corrupción en caso Odebrecht

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Ciudad de Panamá, 29 sep (Prensa Latina) Terminada la audiencia preliminar por el caso Odebrecht en Panamá, considerado el mayor atraco al erario público, diversas voces se alzan hoy en rechazo al esquema de corrupción que erosionó el Estado de derecho.

De acuerdo con la abogada Olga de Albaldía, para quienes siguieron la vista iniciada el pasado 12 de septiembre no es sencillo relacionar el sinfín de términos técnicos, cuentas bancarias, movimientos transnacionales de dinero, habilitaciones locales e internacionales relacionadas con el blanqueo de capitales y la corrupción sistematizada de la llamada Caja 2.

Es tan frío el análisis del entramado y la trazabilidad de los movimientos de dinero, los múltiples acuerdos de colaboración, que parece verificarse la falacia popular de que los problemas de la corrupción son de “ricos robando a ricos”, que no tienen efectos en la vida diaria de los ciudadanos, pero nada más lejos de la realidad, agregó la también escritora.

En un artículo que publica este jueves el diario La Prensa la comunicadora indicó que al escuchar los argumentos de la fiscalía quedó claro el funcionamiento de una red delictiva entre funcionarios y familiares para el desvío de recursos públicos.

En ese sentido señaló que en lugar de ser utilizados para el bien común (salud, educación, justicia, vialidad y tantos otros) esos fondos fueron utilizados para el beneficio de unos cuantos individuos y grupos económicos, entre ellos los expresidente Ricardo Martinelli (2009-2014) y Juan Carlos Varela (2014-2019), según la investigación fiscal.

La afectación a los derechos humanos va mucho más allá que el desvío de recursos, indicó de Albaldía, y al respecto señaló que en este caso es obvio que la ley no se ha aplicado a todos por igual y que las instituciones de control parecen haberse hecho de la vista gorda.

A su juicio, otro de los aspectos que la audiencia preliminar también puso en el centro de la discusión nacional es el financiamiento de las campañas políticas y el uso de dinero del Estado para esquemas clientelares.

Tenemos la dudosa distinción de ser el país donde la constructora brasileña tuvo más contratos y se estima que más ganancias indebidas a través de sobreprecios, consideró.

Me sumo al coro de voces que felicitan al Órgano Judicial por la decisión de transmitir en vivo la audiencia preliminar del caso Odebrecht, agregó la académica.

Sin embargo, se cuestionó si al final del largo camino procesal se verá la justicia y se recuperará todo lo robado por Odebrecht y la red de individuos que participaron en los esquemas.

El proceso por corrupción más importante en la historia republicana del país centroamericano apunta a los más de 50 millones de dólares de sobornos que la constructora brasileña pagó a gobernantes, políticos e intermediarios, a cambio de contratos con el Estado panameño.

Los resultados presentados por los fiscales, unas 813 páginas, resumieron una investigación de dos mil 752 tomos (un millón 300 mil hojas), iniciada en 2017.

Concluida la audiencia, ahora la jueza Baloisa Marquínez, a cargo del caso, tiene unos 30 días para decidir si llamará a juicio a los imputados, 49 personas naturales y una persona jurídica, la empresa Ricamar, que administra la cadena de Supermercados 99, propiedad de la multimillonaria familia de Martinelli.

El caso se originó de una denuncia del excontralor Alvin Weeden, interpuesta el 18 de septiembre de 2015, que la archivaron; y luego del acuerdo entre la constructora brasileña y el Departamento de Justicia de Estados Unidos, el 21 de diciembre de 2016, el escándalo fue reabierto un mes después.

ale/ga

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