Por Jorge Petinaud Martínez
Corresponsal jefe de Prensa Latina en Bolivia
“Un informe de la CIDH no es un «fallo» porque los fallos o sentencias son emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos que sí son de cumplimiento obligatorio”, explicó en otro texto.
Subrayó al respecto que, tal vez, quien filtró ese informe “no explicó la diferencia a su cómplice de @grupoeldeber La mentira tiene patas cortas”.
Al explicar que “ahora tratan de direccionar el caso de Terrorismo Separatista en nuestra contra”, Morales recordó que durante el gobierno de facto (2019-2020) el ahora encarcelado en Estados Unidos por corrupto Arturo Murillo gestionó el cierre de este caso pese a la existencia de separatistas confesos y sentenciados.
“Lamento mucho que algunos tratan de concluir el trabajo sucio de Murillo para intentar involucrarnos. No tenemos ningún miedo. Es obligación moral, política y legal defender la unidad de la Patria”, sostuvo.
Recordó el exmandatario que el “lawfare” o instrumentalización de la justicia con fines políticos es un método de la derecha interna y externa”.
Apenas unas horas después de la publicación de estas reflexiones, grupos de poder de la gobernación departamental de Santa Cruz, en un cabildo convocado para exigir la celebración del Censo de Población y Vivienda en 2023 con la amenaza de realizar un paro indefinido, introdujeron también reclamos políticos.
Entre ellos sobresale el caso Terrorismo Separatista y la demanda de un juicio contra el expresidente Morales.
EXMINISTROS CONTRA EL SEPARATISMO
En entrevista exclusiva con Prensa Latina, la exministra de Comunicación (2012-2015) de Bolivia Amanda Dávila aseguró que la publicación de un documento de respaldo al exmandatario por su enfrentamiento al separatismo en 2008 y 2009 expresa un compromiso patriótico.
“Defender la Patria del Separatismo Junto a Evo”, firmado por 49 exministros y exministras, reafirma la posición de compromiso de quienes estuvimos a su lado en distintas etapas en el Gobierno y enfrentamos en 2008 y 2009 maniobras de ese tipo para preservar la integridad del país”, dijo a esta agencia de noticias.
Dávila recordó que un grupo de mercenarios terroristas, que operaron anteriormente en los Balcanes, llegaron a Bolivia como parte de un plan.
“El objetivo era no solo desestabilizar al Gobierno con un golpe de Estado -explicó-, sino también provocar una división en el país sobre la base del separatismo.
Subrayó que tal acción política fue una maniobra de un grupo de oligarcas latifundistas de la llamada Media Luna que integraban cuatro regiones: Santa Cruz, Beni, Pando y Tarija.
Esas élites gobernantes en esos momentos se oponían de manera totalmente radical y violenta, primero a la Asamblea Constituyente en desarrollo, y luego a la aprobación de la nueva Constitución Política del Estado en 2009.
A raíz de la aprobación con el respaldo de una amplia mayoría de la población en un referéndum, las logias cruceñas de poder decidieron imponer la variante separatista y para ello trajeron al grupo de mercenarios.
La exministra recordó que fueron detenidos, investigados, muchos de ellos confesaron sus vínculos terroristas y separatistas con élites de Santa Cruz e incluso se ocuparon las armas que trajeron para hacer entrenamientos en Bolivia y operar contra la seguridad y la estabilidad del país.
Indicó la actual gerente del canal televisivo Abya Yala que también confesaron que hubo reuniones con autoridades de la embajada de Estados Unidos, en concreto con el embajador Phillip Goldberg, quien fue expulsado a raíz de toda esta trama “nunca antes vista en Bolivia”.
“Por lo tanto, nuestro pronunciamiento de respaldo a Evo tiene mucha importancia porque en este momento la oligarquía involucrada en aquellos acontecimientos lo ataca para desestabilizar al Gobierno de Luis Arce y al Movimiento al Socialismo-Instrumento Político por la Soberanía de los Pueblos (MAS-IPSP)”.
Dávila recordó que representantes de ese grupo participaron activamente en el golpe de Estado de noviembre de 2019, impusieron ministros en el gobierno de facto, incluso ocupan cargos de autoridad pública departamental y ahora tratan de acusar a Morales como si fuera él quien violó los derechos humanos.
“Como máxima autoridad del Estado, él cumplió su mandato: preservó la integridad del país, evitó el separatismo y salvó la democracia frente a estas fuerzas mercenarias extranjeras”, concluyó la exministra.
Morales, por su parte, exigió en su cuenta de Twitter que el Ministerio de Justicia reabra el caso denominado Terrorismo Separatista y aplique una sanción ejemplar contra los implicados en ese plan atentatorio contra la unidad del país.
“El Ministerio de Justicia confirma que el proceso Terrorismo Separatista fue «archivado arbitrariamente» por el gobierno de facto.
Corresponde que este ministerio denuncie ese hecho y reabra el caso para lograr una sanción ejemplar a los que atentaron contra la unidad de la Patria”, escribió.
Su mensaje dio continuidad a otros tuits publicados por el líder del MAS-IPSP, quien aseguró que “atentar contra la integridad de Bolivia merece la pena máxima y es delito de traición a la Patria, que no prescribe”.
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