De acuerdo con un estudio publicado en el periódico La Estrella de Panamá, ante la prescripción del delito de corrupción de servidores públicos, la pregunta era si el delito de lavado de dinero podía sostenerse solo, sin la existencia de un delito precedente.
En ese sentido señaló que la literatura jurídica y la jurisprudencia indican que el blanqueo de capitales puede juzgarse de manera autónoma y alcanzar una condena solo con la existencia de una prueba idónea que compruebe la actividad irregular.
También fallos de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de 2005 sustentan esta tesis y establecen que el delito de blanqueo de capitales es autónomo, independiente del tráfico de drogas, agregó el informe.
Otro caso evaluado por la CSJ en 2018 también estableció que el blanqueo de capitales es autónomo y no requiere de la acreditación de una sentencia condenatoria del delito precedente.
De acuerdo con la jurisprudencia, indicó el rotativo, el delito de blanqueo está atado a la realización de operaciones financieras y comerciales con la finalidad de conceder a bienes adquiridos de forma ilícita apariencia lícita, atentando contra la economía nacional.
Sobre la llamada prueba idónea que lo sustente, el presidente del Colegio Nacional de Abogados, Juan Carlos Araúz, explicó a medios informativos que el acuerdo de colaboración y pena que firmó la constructora brasileña, en el cual reconoce su culpa, constituye esa prueba idónea que requiere la fiscalía para probar el delito precedente de blanqueo de capitales.
Araúz reconoció que la jueza Baloisa Marquínez, a cargo del caso y quien deberá decidir a quien llamar a juicio de los imputados vistos en audiencia, entre ellos los expresidentes de la República, Ricardo Martinelli (2009-2014) y Juan Carlos Varela (2014-2019) la tiene difícil.
La labor será compleja, pues deberá identificar los orígenes ilícitos de las transferencias y posteriormente determinar si los procesados eran conscientes de los fines ilícitos del dinero, remarcó.
El proceso por corrupción más importante en la historia republicana del país centroamericano apunta a los 59 millones de dólares de sobornos que la constructora brasileña pagó a gobernantes, políticos e intermediarios, a cambio de contratos con el Estado panameño.
Los resultados presentados por los fiscales, unas 813 páginas, resumieron una investigación de dos mil 752 tomos (un millón 300 mil hojas), iniciada en 2017.
Concluida la audiencia el pasado 30 de septiembre, Marquínez decidirá si llamar a juicio a los imputados, 49 personas naturales y una persona jurídica, la empresa Ricamar, que administra la cadena de Supermercados 99, propiedad de la multimillonaria familia de Martinelli.
El caso se originó de una denuncia del excontralor Alvin Weeden, interpuesta el 18 de septiembre de 2015, que la archivaron ; y luego del acuerdo entre la constructora brasileña y el Departamento de Justicia de Estados Unidos, el 21 de diciembre de 2016, el escándalo fue reabierto un mes después.
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