La propuesta apoyada por 19 de las 32 naciones conformantes de la Organización de Estados Americanos (OEA) no alcanzó los dos tercios de votos requeridos para tratar el tema originalmente no considerado, y el veto del secretario de Estado norteamericano, Antony Blinken, quien no argumentó su voto, solo fue acompañado por tres de los gobiernos.
Otros nueve participantes en la 52 Asamblea General de la OEA, incluido Brasil, se abstuvieron, y el fin de la representación de Guaidó contó con el voto del canciller anfitrión, César Landa, y de los delegados de Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Honduras, México y Antigua y Barbudas, así como de un bloque de países del Caribe anglófono.
Varios de los países que en 2019 votaron a favor de aceptar como representante de Venezuela a un enviado por Guaidó, figuran entre los que hoy votaron por su retiro.
El proyecto de retiro de la acreditación del representante de Guaidó en la
OEA, que ni siquiera asistió a la reunión, fue fundamentado por el delegado de Antigua y Bermuda, con la adhesión de otros 12 países.
El representante de Antigua y Barbuda argumentó que Venezuela se retiró de la OEA cuando lo notificó debidamente al secretario general, en abril de 2017, por lo que no puede tener un representante en la organización y por eso nadie ocupa su espacio.
A pesar de eso, explicó, en 2019 una resolución fue aprobada por una mayoría de 19 miembros, paradójicamente número similar a la que hoy no pudo lograr que se debata el cese de ese acuerdo, mayoría alcanzada con el voto ilegal del personero de Guaidó, con la anuencia de la asamblea, según recordó el delegado de Antigua y Barbuda.
“Ninguna convención ni reglamentación permite que un representante sea nombrado por una asamblea nacional”, dijo el proponente sobre la base de aquella aceptación, pues solo se pueden acreditar representantes de gobiernos, lo que rige para todos los organismos internacionales.
Agregó que, en el supuesto de que el parlamento venezolano tuviera autoridad para la designación, esa asamblea nacional cesó en enero de 2021 cuando terminó su mandato, por lo cual “la autoridad de la asamblea no tiene ninguna validez, legitimidad, ni legalidad”.
El delegado de Antigua y Barbuda alertó sobre una posible maniobra para impedir que se aprobara la inclusión en el debate, pues dijo que la mayoría de dos tercios requerida ha sido siempre 23, pero según un informe jurídico esgrimido por la Secretaría General, es 24.
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