La actual convocatoria de la Iglesia católica, que fungió como facilitadora en la primera etapa en la central provincia de Coclé, incluye a gremios empresariales y sectores productivos, como parte de la continuidad de las negociaciones iniciadas en julio último para ponerle freno a la convulsión popular por el alto costo de la vida.
Sin embargo, la víspera, el presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep), Rubén Castillo, adelantó a medios de prensa que no serían parte de una segunda etapa de la mesa de diálogo.
La reacción responde, precisó, al desacuerdo por los parámetros establecidos como la agenda, la participación desigual del sector productivo y la metodología.
“No podemos permitir que sea un diálogo solo para someter al sector productivo”, indicó y precisó que enviaron una carta a los mediadores de esas pláticas, donde enumeran las desventajas en las que se sentarían a la mesa.
También fustigó los primeros acuerdos adoptados por los colectivos populares y el Gobierno en la etapa inicial de la mesa única de dialogo, que concluyó sesiones el pasado 30 de septiembre, en la central provincia de Coclé.
De recibir una respuesta favorable a sus peticiones, señaló, podrían cambiar de opinión y participar.
De su parte, unas 41 organizaciones han solicitado a la Arquidiócesis de Panamá, que dirige el arzobispo José Domingo Ulloa, estar presentes en la segunda fase del diálogo.
Entre esos grupos sobresalen indígenas, afrodescendientes, y jubilados, entre otros, asi como la Coalición Por Panamá, que aglutina a colectivos que luchan contra la corrupción.
Se espera además la asistencia de las tres alianzas asistentes a las negociaciones iniciadas en el Centro Cristo Sembrador, Penonomé, provincia de Coclé.
También la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura, que forma parte de la Gran Alianza Nacional por Panamá y aglutina a por lo menos 150 sectores del área productiva, solicitó a Ulloa que comunicara al Ejecutivo unos siete requisitos que ellos estiman.
Entre esas exigencias sobresale la figura del mediador, definición de reglas claras, metodología, legitimidad de los actores, definición de temas y objetivos, información necesaria para el diálogo, y respeto a los derechos constitucionales.
Sobre el tema, el profesor Armando Espinosa, de la Alianza Nacional por los Derechos del Pueblo Organizado (Anadepo), opinó que los privados buscan justificaciones para no asistir al escenario donde se debata y se busquen soluciones a los problemas que más aquejan a la población y de los cuales muchos de ellos son los responsables.
Para algunos analistas, la nueva fase del diálogo está destinada al fracaso, mientras el coordinador de la alianza Pueblo Unido por la Vida, Jorge Guzmán, consideró que no descartarán ningún escenario, incluido el de las manifestaciones en las calles para exigir igualdad y justicia social.
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