El tema dominó la atención en el país en las últimas semanas, donde simpatizantes y adversarios cruzaron armas sobre la interpretación de artículos de la Constitución del país, que para algunos permite la continuidad de un presidente en el cargo y para otros es un acto violatorio de la Carta Magna que justifica la insurrección.
En ese ambiente se desarrolla el acontecer diario de los salvadoreños entre reclamos de opositores y reiteraciones del anuncio del mandatario que se presentará a la elección.
La víspera, el vicepresidente Félix Ulloa, reiteró criterios aireados durante una entrevista con Prensa Latina, y dijo que al gobernante le basta con dejar de ejercer el cargo seis meses antes para que se pueda presentar la candidatura.
El alto funcionario, quien la próxima semana se reunirá con el papa Francisco para agradecerle la beatificación de los sacerdotes Cosme Spessotto, Rutilio Grande y cuatro laicos asesinados décadas atrás, apuntó que el mandatario cumple todos los requisitos para presentarse.
Mientras tanto, un grupo internacional advirtió sobre los peligros que generará una de las principales estrategias que muestra el gobierno y que sería una posible carta de triunfo en 2023, el enfrentamiento a las pandillas.
Un informe del International Crisis Group (ICG) dijo que la política arropada por el régimen de excepción contra las pandillas generará problemas de salud, financieros, logísticos y de seguridad.
«Con una población penitenciaria que ahora triplica su capacidad es probable que el hacinamiento empeore las ya precarias condiciones sanitarias que han convertido a las cárceles en un foco de enfermedades», sostiene el ICG, que consultó a especialistas en el área e incluso a exfuncionarios de Centros Penales para abordar la problemática.
El informe valora que la captura de más de 54 mil pandilleros y presuntos colaboradores es una bomba de tiempo que puede generar un estallido social en el país.
Recomendó que la mejor manera de debilitar a las pandillas es proporcionarles a sus miembros una salida, no enviarlos a todos a la cárcel, algo a lo que se rehúsa el gobierno.
Mientras tanto, las encuestas sostienen que un gran por ciento de la población, en especial la de más bajos ingreso y escolaridad, apoya la reelección de Bukele, aunque no faltan los que afirman que sus números deben bajar en lo que resta de año.
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