En un seminario iniciado en esta capital, la funcionaria se refirió de esa manera a la capacitación metodológica organizada por la Superintendencia de Sujetos No Financieros, que encabeza Dayra Carrizo, que además estimó clave en el esfuerzo de su Gobierno para salir de las listas grises del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
En esta lucha mundial contra delitos que socavan la institucionalidad, la gobernanza y alimentan la corrupción, Panamá trabaja en perfeccionar y modernizar la normativa necesaria para identificar los riesgos y controlarlos, explicó.
A su juicio, iniciativas como la de esta guía forman parte de la construcción de capacidades institucionales y bases jurídicas sólidas que permitirán garantizar la integridad y transparencia de todas las transacciones económicas, en concordancia con la cooperación internacional.
Además subrayó sobre estimaciones que señalan que en los países en desarrollo se pierden anualmente unos mil millones de dólares en acuerdos corruptos e ilegales con empresas, cuyos propietarios son anónimos.
Añadió que es vital fortalecer el clima de confianza, alianzas duraderas y la reputación de Panamá, nación que por su posición geoestratégica favorece la inversión extranjera directa.
El registro actualizado de los beneficiarios finales, comentó, se inscribe en las acciones que responden a la voluntad gubernamental de enfrentar la corrupción con el apoyo de todas las instituciones entre ellas el Ministerio de Economía y Finanzas, la Corte Suprema de Justicia y la Fiscalía.
Por su parte, Carrizo precisó a Prensa Latina que esperan concluir este año con el 100 por ciento de la carga de datos sobre los llamados sujetos regulados no financieros, para lo cual estos talleres con la ayuda de la Unión Europea llegarán a las autoridades de supervisión, de investigación y de sanción del blanqueo de capitales.
El pasado 17 de junio el GAFI decidió mantener a Panamá en sus listas grises que cuestionan el manejo transparente de las finanzas, aunque reconoció avances en 11 de 15 acciones indicadas para avanzar en temas como investigaciones de lavado de dinero en áreas de alto riesgo.
El país centroamericano regresó a esas listas en junio de 2019, tras salir de ellas en 2014, por la falta de efectividad en la lucha contra el blanqueo de capitales.
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