Las acciones en busca de pruebas, se efectuaron en Lima y en las regiones de Áncash, Ica, Junín, Loreto, Puno y Ucayali, mientras la denunciada por el jefe de Estado se hizo en la de Cajamarca.
Castillo calificó como abusiva la operación, en un mensaje de Twitter y excpresó que afecta la salud de su progenitora. “Responsabilizo a la Fiscal de la Nación por la salud de mi señora madre”, añadió.
Fiscales y policías ingresaron a oficinas y viviendas de los legisladores Elvis Vergara, Ilich López, Darwin Espinoza, Jorge Luis Flores, Juan Carlos Mori y Raúl Felipe Doroteo Carbajo, a quienes la Fiscalía pidió a un juez se prohíba salir del país.
Vergara se encontraba en su ciudad, Pucallpa, en Ucayali, durante el allanamiento, al que no se resistió.
Manifestó, sin embargo, extrañeza porque, pese a que el Ministerio Público los investiga desde hace siete meses sin cumplir con el procedimiento, pese a los reclamos de los afectados de una pronta realización de las pesquisas para esclarecer su situación.
Dijo que se trata de un “show mediático” de un sector de la Fiscalía que usa a los investigados en función de determinados sectores políticos.
Los legisladores son indagados por supuestamente integrar una organización criminal que obtenía favores del Gobierno a cambio de abstenerse de votar contra las dos mociones de vacancia (destitución) del presidente Castillo, fracasadas por falta de votos. Preguntado sobre el tema, negó ilegalidades y dijo con énfasis que los parlamentarios son libres de votar a conciencia y no tienen que dar explicaciones a ninguna autoridad, de cualquier tipo, ni a nadie. De otro lado, el Ministerio Público allanó la casa del empresario Segundo Sánchez, en la que Castillo despachaba cuando era presidente electo y en los primeros días de su Gobierno y, según la Fiscalía, trataba con empresarios sobre contratos indebidos.
Además, el Poder Judicial dispuso la detención preliminar por 10 días de Sánchez, de los exasesores de la Presidencia Biberto Castillo y Eder Vitón y del exjefe del gabinete técnico de la misma Auner Vásquez, sí como de Salatiel Marrufo, exasesor del Ministerio de Vivienda y el empresario Jenin Cabrera.
Las operaciones fueron vinculadas por diversos medios de prensa con la versión de que la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, se apresta a denunciar al mandatario ante el Congreso de la República para que este le revoque la inmunidad para su juzgamiento, medida cuya legalidad genera controversia jurídica.
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