La intención del Ejecutivo es que estos cuestionamientos se sumen a los otros seis que ese tribunal ya calificó como aptos para llevar a las urnas.
El ministro de Gobierno, Francisco Jiménez, manifestó este martes en las afueras de la Corte que la expectativa de la administración es obtener una respuesta favorable sobre las nuevas propuestas e informó que en las próximas semanas presentarán otras dos o tres posibles preguntas.
La semana pasada, los magistrados consideraron que dos de las propuestas iniciales no podían ir directamente a la votación, sino que debían pasar primero por la Asamblea Nacional (parlamento), lo cual analistas consideraron que constituyó un golpe al núcleo duro del referendo.
Específicamente, los cuestionamientos rechazados se referían a la posibilidad de que las Fuerzas Armadas apoyen a la Policía Nacional en el combate al crimen organizado y a la facultad del Cpccs para elegir autoridades.
A través de la consulta popular, y de aprobarse las dos propuestas hechas hoy, el gobierno pretende que sea el legislativo quien elija a los miembros del Cpccs y a su vez busca eliminar la facultad de esa institución de nombrar autoridades.
Actualmente el Cpccs está involucrado en la selección de cargos como el Defensor del Pueblo, el Defensor Público, así como miembros de la Fiscalía General del Estado, el Consejo Nacional Electoral, el Tribunal Contencioso Electoral, entre otras designaciones.
La bancada legislativa de la alianza Unión por la Esperanza rechazó la consulta por considerarla una cortina de humo que usa el gobierno del presidente Guillermo Lasso en busca de oxígeno tras un año y medio de incompetencias en todo nivel.
Asimismo, calificaron el procedimiento de “tramposo e inconstitucional” y afirmaron que los problemas del país se resuelven con políticas públicas beneficiosas para la mayoría, no con una consulta “mañosa”.
La administración insiste en realizar la consulta junto a las elecciones seccionales y del Cpccs, el 5 de febrero de 2023.
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