La reunión de la Organización de Estados Amerucanos aprobó una resolución en la cual brinda “su solidaridad y su respaldo al gobierno democráticamente electo de la República del Perú, asi como a la preservacion de la institucionalidad democrática” del país suramericano.
Llama al mismo tiempo a todos los actores de la crisis peruana, para que sus acciones se enmarquen en el estadio de derecho.
Expresa además su disposición a brindar apoyo y cooperación a requerimiento del Gobierno del Peru, mediante gestiones para promover el diálogo.
Ese diálogo, según la solicitud peruana, debe congregar al Gobierno, los poderes del Estado y las organizaciones de la sociedad, en busca de consensos políticos y sociales.
La asamblea aceptó enviar a Lima un grupo de alto nivel integrado por representantes de los estados miembros de la OEA, con el fin de “hacer un análisis de la situación, de la que informará.
En la aprobación destacó la firmeza de los discursos de los representantes de Argentina, Bolivia y Colombia, que coincidieron en señalar que son los gobiernos de raigambre popular y de cambio los que sufren del “Lawfare”, como se denomina al uso de la legalidad para desestabilizar gobiernos o neutralizar líderes.
El argentino Carlos Raimundi dijo que el caso de Castillo le parecía muy familiar, en obvia referencia al intento de bloquear con acusaciones de la Fiscalía y gran acompañamiento mediático una posible candidatura de Cristina Fernández de Kirchner.
Señaló que también se está haciendo común la desestablización por esa vía, cuando un país elige a un dirigente popular de piel menos clara al frente de un gobierno plebeyo, que el poder económico se niegan a aceptar.
“No hay ningún fiscal, ningún sector parlamentario que pueda ser más legitimo que la voluntad del pueblo, en este caso del pueblo peruano”, añadió Raimundi.
Según el boliviano Héctor Arce, los retrógrados grupos de poder de Perú no toleran que un hombre humilde, de extracción popular, elegido legalmente, sea presidente y los embates contra Pedro Castillo son como los que sufrió Evo Morales y lo obligaron a renunciar a la presidencia en 2019.
Apuntó que, pese a que las misiones de la OEA han servido a fines ajenos a la democracia, en este caso el pedido de Perú es pertinente y Bolivia lo apoya decididamente.
El representante de Colombia, Luis Ernesto Vargas, que al igual que los de Chile y otros países co-patrocinó el proyecto de resolución promovido por Perú, expresó su solidaridad, sin reservas, al gobierno constitucional de Pedro Castillo.
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