Ese órgano ad hoc no estará integrado por representantes del Congreso, ni de la Corte Suprema o del Tribunal Constitucional, dijo el presidente del senado, Álvaro Elizalde.
La coalición de gobierno Apruebo Dignidad abogaba por un árbitro jurisdiccional como la Corte Suprema para fiscalizar el proceso, mientras la oposición de derecha favorecía al parlamento, pero ambos bloques cedieron en sus posiciones para llegar a un consenso.
El espíritu de esta mesa de negociación política debe ser que todas las partes vayamos cediendo para buscar un acuerdo lo más transversal posible, dijo desde el bloque oficialista el jefe de Revolución Democrática, el senador Juan Ignacio Latorre.
La próxima semana se recibirán propuestas respecto a la composición de la comisión especial, así como sobre la forma de su nombramiento.
Las conversaciones entre los partidos representados en el Congreso para avanzar hacia una nueva constitución comenzaron después del plebiscito del 4 de septiembre, cuando una propuesta de carta magna elaborada por una convención paritaria fue rechazada por 62 por ciento de los votos.
Pero el proceso marcha con lentitud y aún no está definido cuál será el organismo encargado de redactar el texto de la nueva ley fundamental que sustituya a la vigente desde la época de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990).
Bancadas de izquierda de la coalición de Gobierno y la Democracia Cristiana abogan por un órgano 100 por ciento electo, de 134 representantes, con escaños reservados para pueblos indígenas y participación de independientes y con un plazo de funcionamiento de seis meses.
En el lado contrario, la alianza de derecha Chile Vamos propone un órgano mixto con la participación de expertos que no supere los 50 miembros.
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