No obstante, los abogados acusadores dijeron que todo el proceso de la diligencia y el caso en general es abierto al público.
Este lunes, la corte programó la declaración de cinco testigos, por primera vez, sobre los hechos luego de más de un año de dilaciones. En esta semana la magistrada escuchará varios testigos del caso.
Recientemente se cumplieron 10 años de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) que responsabilizó al Estado salvadoreño de dicha masacre y que dictó 12 medidas de reparación, de las cuales apenas tres logró cumplir.
El abogado David Morales explicó que el caso de El Mozote presentó retrasos debido al cambio del juez, tras la salida de magistrados, promovida por la Asamblea Legislativa.
La masacre sucedió entre el 11 y el 13 de diciembre de 1981 cuando la Fuerza Armada con el apoyo de la Fuerza Aérea realizó una serie consecutiva de ejecuciones masivas, colectivas e indiscriminadas de civiles, en el caserío El Mozote, el cantón La Joya, y caseríos cercanos.
Ya en febrero de 1982, familiares de las víctimas denunciaron al Ejército por la peor masacre latinoamericana en la segunda mitad del siglo XX, pero los gobiernos de El Salvador y Estados Unidos negaron las acusaciones.
La participación del Ejército salvadoreño en la masacre de alrededor de mil campesinos, más de la mitad menores de edad, es el primer caso de la guerra que llega a tribunales, tras la abolición de la ley de amnistía en 2016.
Recientemente la jueza de Dulce Nombre de María ordenó la detención del general José Guillermo García, ministro de Defensa entre 1979 y 1983, el oficial de mayor rango acusado por El Mozote, por sus vínculos con el asesinato de cuatro periodistas neerlandeses en 1982.
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