De acuerdo con la Procuraduría, en una inspección realizada a la Sociedad de Activos Especiales (SAE) se evidenció que no hay certeza del número ni estado de los bienes que actualmente son administrados por esa entidad.
Asimismo, no hay claridad sobre la vulnerabilidad en el sistema para el control del inventario de los bienes que se encuentran en proceso de extinción o se les haya decretado extinción de dominio.
Dicha investigación arrojó que se desconocen en general los criterios para la distribución, lo que genera una concentración de los más rentables, sin auditoría.
La Procuraduría señaló que existen decenas de incumplimientos en los compromisos suscritos con particulares encargados de la administración de dichos bienes y se identificaron arrendamientos que pueden estar por debajo de la estimación mínima fijada por la misma SAE.
La Procuraduría busca esclarecer los presuntos hechos, identificar o individualizar a los posibles autores y determinar si existe responsabilidad disciplinaria.
El presidente del país, Gustavo Petro, ordenó recientemente poner bajo la lupa el inventario de bienes de extinción de dominio entregao a la SAE ante la posibilidad de que «estar ante uno de los peores hechos de corrupción de la historia».
«Le agradezco al Fiscal General de la Nación que reconstruya el inventario de bienes en extinción de dominio que se le entregó a la Dirección Nacional de Estupefacientes, hoy SAE», manifestó el presidente en sus redes sociales en dónde instó a la Fiscalía a que evalúe el tema.
La indicación del mandatario tuvo lugar luego que el nuevo director de SAE, Daniel Rojas, explicara que el gran problema de esa entidad son los inventarios pues no hay certezas sobre el valor catastral, el valor comercial, de la mayoría de los activos y mucho menos de las sociedades.
La SAS es una Sociedad de economía mixta vinculada al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, autorizada por la Ley, de naturaleza única, sometida al régimen del derecho privado, cuyo objeto es administrar bienes especiales que se encuentran en proceso de extinción o se les haya decretado extinción de dominio.
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