Varios medios de prensa nacionales replicaron de inmediato la noticia, pero después el diario La Hora publicó que se comunicó con Gálvez y este aseguró encontrarse en Guatemala.
«Yo estoy de vacaciones, sí estoy en el país, es posible que por las vacaciones vaya a salir la próxima semana», resumió el medio parte de su conversación.
Según el intercambio, Gálvez establecerá la razón de esa información falsa.
Este viernes, correspondía la presentación de las pruebas de descargo por parte del juzgador en relación al antejuicio que enfrenta, pero en su lugar acudió su abogado defensor Herbert Pérez.
En un mensaje a los guatemaltecos, Gálvez explicó horas antes su decisión debido a que no se le garantizó la publicidad como requisito de transparencia.
Esta circunstancia, una vez más atenta, viola el debido proceso, denunció en un video publicado en sus redes sociales.
También indicó que la Fundación contra el Terrorismo busca enjuiciarlo por el abuso de la figura de la prisión preventiva en cinco casos y él solo intervino en tres.
La Corte Suprema de Justicia dio trámite a la solicitud de antejuicio identificada con el numeral 111-2022 «por el supuesto delito de prevaricato (entre otros) por haber aplicado la prisión provisional de forma reiterada».
La petición de pérdida de inmunidad coincidió con la resolución del Tribunal al mando del magistrado de enviar a juicio a nueve exmilitares y expolicías por asesinatos cometidos durante el conflicto armado interno (1960-1996).
Días después, enfrentó intimidaciones por parte de miembros de la Fundación contra el Terrorismo, lo cual lo llevó a pedir protección de la Corte Interamericana de Justicia.
En reciente entrevista, Gálvez señaló que con esas acciones se busca sacarlo de la jugada como lo han hecho con otros administradores de justicia independiente, que solo tuvieron como camino el exilio.
Aunque entonces confesó cierto temor, dijo que no se doblegaría y seguiría trabajando con apego a la ley.
La última jueza de alto perfil en renunciar y salir del país fue Érika Aifán, el pasado 23 de marzo, tras denunciar amenazas de muerte.
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