El defensor del coronel Harvey Colchado, Luis Naldos, declaró que una incógnita informante del Grupo Especial de Apoyo a la Fiscalía sostuvo, según el informe secreto de esa unidad que llegó a medios de prensa opositores, que los presuntos conjurados serían financiados por el Gobierno.
“Eso hay que corroborarlo, pero que hay un nivel de vinculación con personas reales y que tienen cargos en el Gobierno, es real”, declaró, sin pruebas, el representante legal de Colchado.
Según el documento secreto cuya autenticidad no confirmó ni desmintió Colchado, la informante “Juana” habría reportado que un español llamado “Jorge” o “Jorge Fernández”, empresario vinculado supuestamente con elementos ligados al Gobierno, encabeza un grupo que planea los atentados.
Añade que el grupo se propone dar muerte a la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, quien ha denunciado al presidente Pedro Castillo ante el Parlamento por presunta corrupción, y a los coroneles Colchado y Walter Pajuelo, así como a la fiscal Marita Barreto.
La versión llegó la semana pasada a los medios, pero fue recibida con escepticismo por su fuente dudosa y por el hecho de que no se hubiera actuado contra “Jorge” y los sicarios que supuestamente habría reclutado para los atentados.
Sin embargo, el “Informe Secreto” del equipo especial de la Fiscalía, llegado ayer a los medios de prensa, fue acogido con estridencia por diarios, televisoras y radioemisoras de oposición, en el contexto de una intensificación de una campaña contra Castillo.
La versión de supuestos aprestos de atentados encontró gran despliegue en la prensa y entre parlamentarios opositores, en la víspera de una marcha opositora que demandará mañana el cese de Castillo, objetivo que al mismo tiempo busca esa mayoría.
La oposición se niega a priori a una concertación que insiste en buscar Castillo, quien espera para ello los posibles buenos oficios de una misión de la Organización de Estados Americanos (OEA) que llegará el 20 de noviembre, a pedido del mandatario, a evaluar la crisis política peruana.
Parlamentarios progresistas y miembros del Gobierno, así como el jefe de asesores de la Dirección Nacional de Inteligencia, Gustavo Bobbio, coincidieron en que el caso de los supuestos atentados debe investigarse.
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