“Ellos están allá para desordenar, para enturbiar y para politizar, fíjese usted cuales son las declaraciones que se han realizado todo el tiempo, personas como el rector (Vicente Cuellar), como el señor (José Luis) Santisteban, que está acreditado”, afirmó el portavoz presidencial, Jorge Richter.
Agregó el vocero en declaraciones al canal público de televisión Bolivia TV que esas personas utilizan estos espacios para hablar de manera política.
Durante una intervención pública hace una semana, el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, se dirigió al “doctor Cuéllar” y le advirtió que quien ceda en relación con el censo 2023 y el paro “tiene muerte civil en Santa Cruz” y es considerado “un vendido” al Gobierno.
Según Richter, la delegación del Comité Interinstitucional cruceño busca “generar demoras en el trabajo de la Comisión”, con el fin de impedir que “se logre consensuar una fecha definitiva” y así definir la realización de la encuesta nacional.
En su opinión, el objetivo de estas acciones es exacerbar “más el conflicto en los siguientes días” para alcanzar la meta principal que es “subvertir el orden constitucional” como sucedió en noviembre de 2019, cuando forzaron la renuncia del expresidente Evo Morales.
Discrepó del comportamiento de Cuéllar y del abogado Santiesteban de “contar medias verdades” a la prensa durante la primera jornada de trabajo de la mesa técnica en la cual acusaron una supuesta falta de información y transparencia por parte del Instituto Nacional de Estadística (INE).
Aclaró Richter que se entregó toda la información en la medida que se avanza en el análisis de las actividades del cronograma censal, el cual hasta el sábado llegó a 350 de 700 propuestas que incluye la propuesta del INE.
Sobre esa base, el vocero advirtió que tras la supuesta exigencia del “proceso censal hay un interés de subvertir el orden constitucional” porque esos sectores de poder se “sienten relegados por la vigencia del Estado Plurinacional” y quieren restituir la vieja Republica.
No obstante, advirtió el portavoz, “quienes buscan subvertir el orden constitucional tienen que saber que las conductas que trasciendan la legalidad siempre tienen consecuencias”.
Ratificó que el Gobierno no permitirá una reedición del golpe de Estado de noviembre de 2019 porque existen normas que se harán respetar.
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