Agentes especializados israelitas se reunieron este lunes y martes en Quito con representantes de la policía y las Fuerzas Armadas ecuatorianas para asesorar la adquisición de equipos que permitan a los uniformados enfrentar de forma más contundente al crimen organizado.
El ministro del Interior, Juan Zapata, dijo al canal Ecuavisa que el objetivo es obtener tecnología para todo lo relacionado con inteligencia, una cuestión fundamental para la operación contra el narcotráfico, así como equipamiento (chalecos y trajes de protección), armamento y municiones.
A Israel se le comprará cerca del 50 por ciento de los implementos que requiere la fuerza pública ecuatoriana, los cuales comenzarán a llegar en el primer trimestre de 2023, precisó Zapata, quien mencionó la posible adquisición de armamento también de Estados Unidos.
En diálogo reciente con Prensa Latina, el experto en temas de seguridad Fernando Carrión comentó que la decisión de pedir el apoyo de Israel no es lo más acertado, pues los problemas de violencia de ese territorio no se parecen en nada a los de esta nación andina.
En la actualidad -explicó-, el problema de Ecuador es que no tiene una política propia para enfrentar el narcotráfico como una de las causas de la violencia, y eso hace al ejecutivo buscar ayuda en el exterior.
Pero alertó que debe ser un pedido de respaldo multinacional, no puede ser a un solo país “porque si no, terminamos haciendo la política que esa nación quiere para beneficio propio”.
Este lunes, la Asamblea Nacional (parlamento) aprobó una resolución que condena los atentados recientes y dio 30 días al gobierno para presentar una estrategia que frene la ola de violencia.
Desde la semana pasada tienen lugar una serie de atentados en las provincias de Guayas, Esmeraldas y Santo Domingo de los Tsáchilas que dejaron al menos cinco policías fallecidos, decenas de heridos y daños materiales, lo cual conllevó a declarar estado de excepción en esos tres territorios.
El número de asesinatos en lo que va de año asciende a más de tres mil 500, según cifras oficiales, debido a la guerra de cárteles nacionales e internacionales por el control del narcotráfico y la ineficiente respuesta estatal a esa cuestión, estiman especialistas.
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