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Paro cívico nacional sin convocatoria en Bolivia

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La Paz, 8 nov (Prensa Latina) En Bolivia prevalece hoy la convicción de que el gobernador Luis Fernando Camacho y el Comité Cívico de Santa Cruz fracasaron en su convocatoria de paralizar al país con la consigna de “censo 2023 sí o sí”.

“Un fracaso resultó el paro del señor Camacho a nivel nacional porque en todos los departamentos salieron las gremialistas a vender, el transporte circuló, el trabajador llegó a su fuente laboral…, un rotundo fracaso”, aseguró el presidente del Distrito ocho en el barrio de Santa Cruz conocido como Plan Tres Mil, David Villarroel.

Con el trasfondo de vehículos que se desplazaban frente a centros comerciales bien concurridos, Villarroel insistió en entrevista al espacio Primer Plano, del canal público Bolivia TV, en que nadie cree a Camacho y al cívico Rómulo Calvo, ni los sigue a nivel nacional.

Lamentó el líder barrial que tras 17 días de paro Santa Cruz y Bolivia ya perdieron más de 500 millones de dólares en medio del sufrimiento de la “gente de a pie”, quienes vieron mermadas su libre movilidad y el acceso al sustento diario por los cercados impuestos, violencia mediante, en cada rotonda o avenida.

Significó Villarroel que tras el llamado de Camacho y Calvo el fin de semana último a un paro nacional los vecinos de Santa Cruz hallaron la forma de llegar a sus fuentes laborales mientras el transporte circulaba normalmente en muchas zonas del departamento.

Los canales Bolivia TV y Abya Yala, en tanto, incluyeron en su programación a lo largo de este lunes imágenes en las cuales se evidenciaba el normal funcionamiento de la vida en los nueve departamentos del Estado Plurinacional.

Prensa Latina comprobó en la Avenida Hernán Siles, zona de Obrajes, en La Paz, que un aliado de Camacho, el alcalde municipal Iván Arias, se vio impedido de cumplir su compromiso en el paro porque cientos de paceños realizaron una marcha de varios kilómetros hasta la Alcaldía con la exigencia de que cese la demolición ilegal de viviendas, y allí se concentraron.

Fuera de esta incidencia, la vida se desenvolvió normalmente en la sede gubernamental y legislativa de Bolivia.

Desde Oruro, el presidente del Comité Cívico departamental, Cecilio Pérez, desmintió que esta organización participe en un paro en respaldo a las medidas de fuerza que impulsa el gobernador de Santa Cruz.

Pérez denunció que una “antigua soldado” de la expresidenta de facto Jeanine Áñez, a quien sirvió en el golpe de noviembre de 2019, habló a nombre de Oruro y aclaró que ella no representa a ninguna institución cívica, sindical ni institucional orureña.

Al referirse al tema, el titular del Comité Cívico de Chuquisaca, Wilmer Aguirre, reafirmó que ese territorio rechaza todo paro de actividades como el que pretenden los intereses sectarios de Santa Cruz.

“Nadie fue autorizado a hablar a nombre del Comité Cívico y menos de los chuquisaqueños; les pedimos a los cívicos de Santa Cruz y Tarija, que respeten a Chuquisaca, no hablen por nosotros”, exigió.

Por su parte, la Confederación Sindical de Choferes de Bolivia reclamó del Gobierno nacional que haga respetar el derecho al trabajo de todo el sistema de transporte público e instó a la Gobernación y al Comité Cívico pro Santa Cruz a levantar el paro en 72 horas.

El secretario ejecutivo de esa estructura sindical, Lucio Gómez, advirtió que ya no se puede tolerar más el conflicto generado desde Santa Cruz porque ya provocó considerables pérdidas a este sector estratégico de la economía nacional.

jha/jpm

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