La medida de fuerza con la exigencia de la realización del Censo de Población y Vivienda en 2023, a 21 días de su entrada en acción, provocó pérdidas a la economía cruceña y nacional estimada en cerca de 800 millones de dólares.
Integraban la marcha miembros de organizaciones sociales, gremialistas y transportistas autoconvocados en demanda del derecho a trabajar y a desplazarse libremente, según declararon varios participantes al canal estatal Bolivia TV.
“Este paro indefinido perjudica a la población y está agonizando nuestra economía, la de cada gente trabajadora y humilde desde los barrios”, declaró a la televisora un entrevistado que se identificó como chofer.
Agregó que los marchistas querían mostrar que los sectores populares de Santa Cruz le dicen basta al paro por tiempo indefinido, a la extorsión en cada punto de bloqueo por parte de la derecha a la que califico de “golpista” y acusó de emplear a vándalos y delincuentes.
La marcha pasó de forma pacífica con sus banderas blancas por varios puntos de cierre, sin embargo, más adelante un destacamento de la Unión Juvenil Cruceñista irrumpió contra los participantes con las bombas molotov, garrotes, piedras y medios pirotécnicos de alta potencia.
El gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, y el presidente del Comité Pro Santa Cruz, Rómulo Calvo, llamaron a realizar acciones más radicales después que la Comisión Técnica Plurinacional recomendó al Gobierno realizar el censo entre febrero y marzo de 2024.
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