Esta situación, sin embargo, no ha sido impedimento para que el gobernador de Puerto Rico, Pedro R. Rosselló, saliera nuevamente en defensa del consorcio canadiense-estadounidense responsable de la distribución y transmisión de la electricidad de la estatal Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), en proceso de privatización por el gobierno.
Nuevamente, el gobernante puertorriqueño ratificó que LUMA Energy se queda en Puerto Rico a pesar del rechazo que ha generado en diversos sectores del país.
Mientras, la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) anunció este martes la creación del Grupo de Trabajo para la Estabilización del Sistema Eléctrico de Puerto Rico, con el fin de instalar por un año generadores de electricidad portátiles usando barcazas.
Como parte del proceso de atender la crisis, FEMA tiene identificadas unidades y haría gestiones para contratarlas y trasladarlas a Puerto Rico, lo que puede tardar de uno a seis meses.
La agencia estadounidense también contempla realizar de manera urgente trabajos indispensables en las plantas generatrices existentes que pueden reincorporar unidades que no están funcionando a capacidad o que están fuera de servicio.
Igualmente, realizará trabajos claves y rápidos en la red eléctrica, tales como el reemplazo de interruptores de alto voltaje y la reparación de transformadores, entre otros.
El Grupo de Trabajo para la Estabilización del Sistema Eléctrico de Puerto Rico incluye, además de FEMA, al Departamento de Energía federal, el Cuerpos de Ingenieros de los Estados Unidos y la Agencia Federal de Protección Ambiental.
Desde que LUMA Energy asumió la distribución y transmisión de la electricidad en Puerto Rico el 1 de junio de 2021, se ha llenado los bolsillos con un presupuesto multimillonario.
Para este año fiscal, que comenzó el 1 de julio de 2022, asciende a 122 millones de dólares, lo que representa un aumento de 7 millones con relación a la partida del año anterior.
En su primer año a cargo de la red eléctrica del país, de junio de 2021 a julio de 2022, el consorcio norteamericano cobró 115 millones de dólares, de acuerdo con su contrato de alianza público-privada (APP), que no lo obliga a aportar un solo centavo.
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