En entrevista en el canal 21, el ministro de Justicia y Seguridad, Gustavo Villatoro, confirmó la información sobre esa política, que incluye un plan de seguridad territorial desplegado por el Ejecutivo para combatir la violencia de las maras o pandillas.
Desde la entrada en vigor de la medida, ya se contabilizan más de 57 mil 400 personas detenidas, incluso dos mil menores, según denuncias de organizaciones defensoras de los derechos humanos que, además, sostienen que la Policía arrestó a decenas de personas inocentes, cuyos casos no fueron resueltos.
Según dijo a Prensa Latina el vicepresidente Félix Ulloa hay alrededor de 76 mil miembros de las pandillas y no pararán hasta verlos tras las rejas.
Pese a sus publicitados logros en el enfrentamiento a la violencia, en especial la disminución de los homicidios que bajaron de casi 90 durante un fin de semana en marzo de este año hasta menos de uno por día ahora, esta política gubernamental recibe críticas de cerca de la mitad de la población, según encuestas.
Se espera que hoy la demanda de prorroga sea presentada a la Asamblea Legislativa, según Villatoro, donde no debe enfrentar problemas para salir adelante dada la mayoría que disfruta el gobernante partido Nuevas Ideas (56 de 84 asientos).
La seguridad de la población es el principal argumento que esgrime el Gobierno para continuar aplicando una medida que expertos legales estiman viola la Constitución y el Estado de derecho.
Algunas familias que claman por la inocencia de miembros detenidos esperan que las investigaciones que asegura el Gobierno realiza pruebe su inocencia y obtengan la librtad.
Villatoro también destacó que con esta medida se puso freno a la extorsión, un delito que disminuyó en 80 por ciento y que dio confianza a muchos comerciantes.
Según estadísticas los grupos delincuenciales calificados de terroristas por el gobierno movían un capital anual de alrededor de 750 millones de dólares producto de la extorsión, el tráfico de drogas y otros ilícitos que desarrollan en el país.
La solicitud, que seguro será aprobada, suspenderá varias garantías por 30 días más, entre estas, el derecho a la defensa, el plazo de tiempo para la detención provisional y la intervención de las telecomunicaciones.
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