El presidente Guillermo Lasso resaltó que lograron reducir «de manera significativa» las muertes por violencia en Guayas, Esmeraldas y Santo Domingo de los Tsáchilas, las tres provincias donde mantiene estado de excepción.
En esa línea, el ministro del Interior, Juan Zapata, informó el martes que un total de 29 bandas criminales fueron desarticuladas en los operativos realizados y también comunicó que tres mil personas fueron detenidas, retiraron 320 armas de fuego, y decomisaron 21 kilogramos de explosivos.
Sin embargo, más de dos semanas después del estado de excepción, los hechos violentos persisten en las calles y también dentro de las prisiones en las cuales el gobierno impulsa un proceso de reorganización.
El Servicio de Atención a Personas Privadas de Libertad (SNAI), la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas intervinieron en los últimos 18 días la Penitenciaría del Litoral, en Guayaquil, la cárcel El Inca, en Quito, y el centro de reclusión Bellavista, en Santo Domingo.
La respuesta de las bandas narco delictivas y de sus miembros a esos cambios, dentro y fuera de las prisiones, ha sido violenta y hasta ahora costó la vida a una veintena de personas, entre policías y presos, mientras investigan una fuga de reos ocurrida el miércoles pasado.
El suceso más reciente de lo que parece ser una serie de terror incontrolable, ocurrió la víspera luego del traslado de Jonathan Bermúdez, cabecilla de la banda Los Lobos, desde la Cárcel de El Inca, en Quito, hacia La Roca, en Guayaquil.
Horas después se desató un motín que dejó 10 internos asesinados y constituye la segunda masacre registrada en ese centro penitenciario en menos de 15 días, aunque en los últimos dos años ya suman más de 400 los muertos en prisiones, bajo la custodia del Estado,
Paralelamente, en medio de las preocupaciones de las familias por la ola de violencia, el gobierno decidió implementar el plan Escuelas Seguras con el que más de dos mil policías custodiarán 220 instituciones educativas.
La estrategia del presidente Lasso frente a la inseguridad incluye un plan de cinco mil 300 millones de dólares que pretende sufragar con el apoyo de Estados Unidos, cuya subsecretaria de Estado para Asuntos Políticos, Victoria Nuland, visitó Quito esta semana.
Tanto Nuland como el canciller, Juan Carlos Holguín, resaltaron en rueda de prensa los diálogos en materia de seguridad y defensa y afianzaron la alianza bilateral con la firma de un tratado de Cielos Abiertos y un acuerdo sobre trazabilidad de armas, explosivos y bases de datos.
La situación actual de inseguridad en Ecuador se debe, a juicio de especialistas, al papel de esta nación suramericana en las nuevas rutas del tráfico de drogas hacia mercados en el norte y a la falta de inversiones tanto en áreas sociales (salud y educación) como para instituciones de seguridad.
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