El secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, y el prosecretario, Rodrigo Ferrés, fueron llamados a declarar ante la fiscal Gabriela Fossati el 29 de noviembre.
La imputación inicial a Astesiano, y otros implicados, fue sobre la adulteración y venta de pasaportes a ciudadanos rusos.
En el curso de la investigación aparecieron otros presuntos delitos, incluida la utilización que hacía el excustodio del presidente Luis Lacalle Pou de las cámaras de seguridad del Centro de Comando Unificado del Ministerio del Interior.
También se sospecha sobre el acceso con fines delictivos al programa conocido como El Guardián, para escuchas telefónicas.
Según medios de prensa nacionales, Astesiano se jactaba en conversaciones por Whastsapp de poder utilizar ese programa, que contempla la intervención de teléfonos para investigaciones judiciales.
Por su parte, el rotativo El Observador informó que la fiscal Fossati también citó a comparecer a altos oficiales policiales, incluido el subdirector nacional, Héctor Ferreira.
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