El principio para justificar los cambios es según el gobierno, una mayor flexibilidad en la duración de la indemnización si la tasa de parados es alta y una respuesta más estricta si disminuye la misma, visión a la que importantes gremios atribuyen el intento de ahorrar dinero a expensas de quienes no pueden trabajar.
En su campaña para la reelección, el presidente Emmanuel Macron había prometido la reforma, finalmente concretada este mes y con su puesta en práctica prevista a partir de febrero del 2023.
De acuerdo con Dussopt, si el desempleo es inferior en Francia a un nueve por ciento de la fuerza laboral activa, y no muestra una progresión superior a 0,8 puntos en un trimestre, la situación se considerará buena, y en ese caso el tiempo de indemnización decrecerá un 25 por ciento y con una extensión mínima de seis meses.
Si la tasa de desempleo sube de un nueve por ciento, en la actualidad se sitúa en un 7,3, o avanza 0,8 puntos en el trimestre, el escenario se catalogará de deteriorado, y por tanto la persona en cuestión tendría pensión por más tiempo.
El ministro del Trabajo estimó que con la nueva política regresarán al empleo de 100 mil a 150 mil franceses en 2023, a partir del criterio de que en el panorama imperante, hay ciudadanos que prefieren acogerse a la indemnización que conseguir un puesto.
Sindicatos como la Confederación General del Trabajo y Fuerza Obrera criticaron los cambios, con el argumento de que el Gobierno pretende ahorrar perjudicando a los desempleados.
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