Un Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI-Bolivia) investigó los acontecimientos ocurridos en el país altiplánico en el contexto del golpe de Estado de 2019 desde el 1 de septiembre al 31 de diciembre de ese año, y entregó en agosto de 2021 un informe al presidente Luis Arce.
Al momento de presentar el texto el GIEI recomendó la realización de una Cumbre nacional sobre el racismo y la discriminación como “un momento destacado que permita promover espacios de consenso y de diálogo”.
En representación de ese equipo, Patricia Tappatá advirtió que la “violencia racista perpetrada contra los pueblos indígenas, incluidas las mujeres indígenas, debe ser reconocida y los responsables, sancionados”.
De su lado, la Defensoría del Pueblo propuso en noviembre de 2021 al Comité Nacional contra el Racismo y toda forma de Discriminación llevar adelante un foro nacional para abordar esta problemática.
De esa forma cumplir las recomendaciones planteadas en su informe Crisis de Estado: Violación de los Derechos Humanos en Bolivia Octubre-Diciembre 2019 y en el reporte del GIEI-Bolivia.
Esta autoridad enfatizó en que durante los conflictos poselectorales de 2019 se masificaron y normalizaron actos discriminatorios y racistas en el país.
Agregó que de esa forma se desnudaron sentimientos de odio e intolerancia de ciertos sectores de la población hacia personas que viven en el área rural y zonas suburbanas, con lo cual desataron, además, una estigmatización hacia quienes tienen rasgos indígenas originario campesinos.
“Los hechos de discriminación racial se manifestaron en mayor medida por agentes estatales durante las acciones conjuntas de militares y policías, aspecto que evidencia que no basta con incorporar la prohibición y sanción del racismo y discriminación en los reglamentos internos de cada institución estatal”, precisó la Defensoría.
Hechos similares ocurrieron recientemente durante el paro con violencia impuesto en Santa Cruz por el Comité Interinstitucional que encabezan el gobernador Luis Fernando Camacho, el cívico Rómulo Calvo y el rector de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, Vicente Cuéllar.
Pobladores del municipio cruceño de Concepción denunciaron que indígenas ayoreas fueron agredidas y varias personas resultaron heridas, tras una arremetida de grupos paramilitares subordinados a Camacho y Calvo que pretendían imponer la medida de fuerza bajo la consigna de “censo 2023 sí o sí”.
Las víctimas reclamaban su derecho al trabajo y a la libre movilidad, se informó.
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