La propuesta gubernamental de reforma al Sistema de Ahorro para Pensiones (SAP) mantiene las Cuentas Individuales de Ahorro para Pensiones (CIAP), en las cuales los trabajadores afiliados ahorraron dos terceras partes de sus cotizaciones, según enunciados.
Hace poco más de un año, sindicatos salvadoreños propusieron al Gobierno un sistema de reparto de pensiones que deposita los aportes de los cotizantes a un fondo común utilizado indistintamente para las pensiones de quienes se vayan jubilando.
Según el economista Cesar Villalona, a priori, la iniciativa enviada al Parlamento unicameral no va a resolver nada.
La propuesta, vende dos ideas, que bajarán la comisión que cobrarán las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), instituciones privadas que tienen como único fin la administración de los fondos de pensiones bajo la modalidad de cuentas personales y se va a subir un punto la aportación patronal.
Actualmente funciona un sistema de ahorro que reúne una cotización equivalente al 15 por ciento del salario correspondiente: 7,75 por ciento aportado por los empleadores y 7,25 por ciento aportado por los trabajadores. El gobierno propone subir esta cotización al 16 por ciento, aumentando en uno punto el aporte de los empleadores.
El economista plantea que el que ve las ideas propuestas de las autoridades las apoya, aun sin conocer lo que contienen.
Dijo que los objetivos están bien delineados para favorecer los planes de reelección del presidente Nayib Bukele, porque nadie el próximo año podrá cuestionar una reforma que recién debe haberse aprobado. Eso, auguró Villalona, le va a dar buen resultado.
Apuntó el experto que es una reforma dirigida a proporcionar un ambiente favorable al Gobierno para las elecciones de 2024, pero implicará «una estafa en termino de lo que se le va a decir a la gente». Mientras se mantenga el sistema privado de lucro y el Estado no aporte, no habrá un sistema justo de pensiones, subrayó.
Mientras tanto, voceros gubernamentales sostienen que la reforma sube todas las pensiones, los jubilados con pensión mínima recibirán 30 por ciento más, lo que significa un 90 por ciento acumulado en este gobierno, aumenta sustancialmente la rentabilidad, lo que permite, según afirman, una mayor sueldo.
Asimismo, las AFP serán reguladas y supervisadas, entre otros muchos más beneficios, alegan los defensores del plan.
La controversia está planteada y especialistas en el tema se preguntan sobre el financiamiento del aumento de las pensiones, la fórmula y el déficit de la Cuenta de Garantía Solidaria, a la espera de conocer la propuesta del Gobierno.
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