Williams hizo el anunció ante el pleno congresal y convocó a la Junta de Portavoces de las bancadas parlamentarias para hoy mismo, con el fin de coordinar el trámite de la moción presentada por el legislador centro-derechista Edward Málaga.
El congresista señaló que está de acuerdo con propuestas centristas que plantean nuevas elecciones presidenciales y legislativas, en vista de que un sector importante de la población -entre un cuarto y un tercio- apoya a Castillo, pero apuntó que el primer paso debe ser la destitución del mandatario.
La moción presentada acusa a Castillo de “desmantelamiento y copamiento estatal a través de la designación de altos funcionarios” y argumenta además las investigaciones de que es objeto por la Fiscalía por presunta corrupción, entre otros elementos.
El documento que fundamenta la iniciativa lleva las firmas de 67 congresistas, 20 menos que los dos tercios del total de legisladores -meta no lograda en dos intentos fracasados- necesarios para aprobar la vacancia por “permanente incapacidad moral”.
El impulsor de la vacancia dijo que confía en superar los 87 votos y que legisladores progresistas inclusive cercanos al Gobierno votarán por el retiro del jefe de Estado.
Por su parte, la congresista Patricia Juárez, vocera de la bancada de Fuerza Popular (FP), de la neoliberal Keiko Fujimori, declaró que “la primera opción” de su grupo es ir al adelanto de elecciones generales mediante una modificación constitucional que recorte los mandatos presidencial y parlamentario.
FP planteaba antes que el adelanto electoral sería la última opción, si no se pudiera, como ha sido hasta ahora, vacar a Castillo sin afectar al Parlamento y Juárez dijo que el mandato congresal se mantendría hasta julio de 2023.
Informó que la comisión de Constitución del Congreso convocará a los titulares de los organismos electorales para tratar sobre el adelanto y dijo que la vacancia debe ser el primer paso.
No mencionó a la vicepresidenta, Dina Boluarte, quien renunció la semana pasada al cargo de ministra de la Mujer y está al margen de la controversia Ejecutivo-Legislativo, mientras Málaga consideró viable que Boluarte sea la presidenta interina, por línea de sucesión.
FP y otros dos partidos del bloque de derecha extrema tenían planeado lograr la vacancia y cesar a Boluarte por una infracción administrativa como ministra, a fin de que el derechista presidente del Congreso asuma la jefatura del Estado por línea de sucesión.
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