Con 124 votos a favor, la mayoría de los legisladores abogaron por remitir nuevamente el texto al gobierno, que tendrá un plazo de 10 días para decidir si acoge las observaciones hechas o mantiene la misma propuesta.
La llamada proforma 2023 asciende a 31 mil 503 millones de dólares, con un incremento de 3,5 por ciento frente a 2022, pero con un descenso de los destinado a algunas áreas claves para el desarrollo social del país, según estimaron los asambleístas.
Rodrigo Fajardo, de Izquierda Democrática, manifestó que existe una disminución de los fondos para educación, salud y seguridad, contrario a lo que garantiza la Constitución y se refirió a la falta de recursos para los jubilados.
Engañaron a los jóvenes y limitan la inversión en educación superior, en la salud tampoco cumplen lo establecido y los fondos para la Policía Nacional están por debajo de las asignaciones de este año a pesar de la escalada de violencia, aseveró Blasco Luna de Unión por la Esperanza.
Por su parte, Salvador Quishpe, de Pachakutik, consideró contradictoria la posición del gobierno de querer someter a consulta popular la creación de un subsistema para el cuidado del recurso hídrico, pero le asignan pocos recursos a la protección ambiental.
El debate también se concentró en la proyección del valor del barril de petróleo, estimado en 65 dólares, pero la presidenta de la Comisión de Régimen Económico, Mireya Pazmiño, manifestó que esa previsión está muy por debajo de lo proyectado por cuatro entidades internacionales.
Durante cinco horas, los asambleístas discutieron sobre las inconsistencias del proyecto y criticaron tanto las reducciones en algunos rubros con respecto a 2022 como el pago de la deuda externa y la acumulación de las reservas internacionales.
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