El órgano ejecutivo europeo abrió una investigación sobre el asunto en 2021, tras el recurso presentado por algunas aerolíneas y varios aeropuertos franceses, alegando que la ley aprobada por el gobierno francés introducía una discriminación entre transportistas.
Bruselas y París mantuvieron conversaciones para garantizar que el proyecto se ajustara a la legislación europea, y en concreto hubo que reformar una excepción de la ley que permitía vuelos nacionales cortos si estos eran de conexión con otros de largo recorrido.
La CE consideró que ello distorsionaba la competencia entre las compañías aéreas, siendo un agravio para aquellas “cuyo modelo de negocio no se basa en los pasajeros en conexión”, por lo que demandó que las medidas no sean discriminatorias, no afecten a la competencia entre las aerolíneas, ni sean más restrictivas de lo necesario.
Además estableció que la ley tendrá “un periodo de validez limitado, no superior a tres años, tras el cual será revisada”, de modo que el gobierno francés deberá remitir a la CE un informe de evaluación de la norma, un año antes del vencimiento.
Tras conocerse el veredicto de la CE, el ministro francés de Transportes, Clément Beaune, consideró que la decisión es “un gran paso adelante en la política de reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero”, y “permitirá iniciar nuevas etapas en la prohibición efectiva de las compañías aéreas cuando haya una alternativa de menos de 2,5 horas en tren”, declaró.
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