A cambio, prestarán servicios humanitarios como «gestores de paz», agregó el portavoz del gobierno de Gustavo Petro.
Explicó que se expedirá la reglamentación para llevar adelante ese proceso que «no es una amnistía, no es un indulto», ni un perdón judicial.
Quienes sean beneficiarios de esta medida quedarán vinculados judicialmente a los expedientes y correrán la suerte que, finalmente, decidan los jueces en sentencia judicial, por lo que los procesos no se suspenden, aclaró.
Detalló que crearon una comisión de alto nivel integrada por el Ministro de Justicia, el Alto Comisionado para la Paz y él, como ministro del Interior, la cual tendrá la función de recomendar y asesorar al presidente de la República en la utilización de esta facultad concedida por el Congreso y que procederán a reglamentar.
El presidente, una vez se expida el análisis de cada caso, en forma particular, individual e independiente, adoptará la decisión que va a ser, básicamente, una solicitud de suspensión de la captura que dirigirá a la autoridad judicial correspondiente, añadió Prada.
También, dentro de la reglamentación quedará consignado que no podrán, bajo ninguna circunstancia, violar una sola norma jurídica so pena de ser revocado el beneficio de la suspensión de la captura.
La medida va dirigida a líderes sociales, no solamente a jóvenes capturados en medio de la protesta, que el Gobierno, y con la recomendación de la comisión de alto nivel, considere que pueden aportar a la consolidación del proceso de paz y a superar la conflictividad social en los territorios, añadió.
En el mismo decreto se definirán las funciones que ellos tendrán como voceros del Presidente en materia de paz y de convivencia ciudadana.
Subrayó que esta decisión se da dentro del marco del respeto a la división de poderes, a la administración de justicia y al derecho a la protesta que tienen los colombianos.
Cerca de 250 casos serán evaluados de manera individual por la comisión y luego el presidente Petro hará «una solicitud de suspensión de la captura que dirigirá a la autoridad judicial correspondiente», dijo a la prensa el ministro Prada.
Decenas de jóvenes fueron apresados durante las masivas protestas en el contexto del Paro Nacional en el 2021 contra las medidas neoliberales del Gobierno de Iván Duque (2018-2022).
Se calcula cerca de medio centenar de muertos a causa de la violencia policial, más de cien con daños en sus ojos, torturados, abusados sexualmente por miembros de la fuerza pública.
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