Por Mario Hubert Garrido
Corresponsal jefe en Panamá
En el proceso aparecen como acusados los expresidentes Ricardo Martinelli (2009-2014) y Juan Carlos Varela (2014-2019), quienes junto a varios exministros deberán comparecer ante los tribunales, según el Órgano Judicial, en una vista prevista del 1 al 18 de agosto de 2023, con fecha alterna del 27 de septiembre al 17 de octubre.
Para los exgobernantes, en particular Martinelli que aspira a la Presidencia de la República, los cargos impuestos forman parte del acoso político que mantiene la actual administración de Laurentino Cortizo y ambos dicen estar dispuestos a demostrar sus respectivas inocencias.
El proceso por corrupción más importante en la historia republicana del país centroamericano apunta a los 59 millones de dólares de sobornos que la constructora brasileña pagó a gobernantes, políticos e intermediarios a cambio de contratos con el Estado panameño.
Los resultados presentados por los fiscales, unas 813 páginas, resumieron una investigación de dos mil 752 tomos (un millón 300 mil hojas), iniciada en 2017.
El caso se originó por una denuncia del excontralor Alvin Weeden, interpuesta el 18 de septiembre de 2015, que fue archivada, y luego del acuerdo entre la constructora brasileña y el Departamento de Justicia de Estados Unidos, el 21 de diciembre de 2016, el escándalo resultó reabierto un mes después.
CASO NEW BUSINESS
En otros procesos también está involucrado Martinelli pero no se concretan, lo cual pone en tela de juicio la certeza de castigo por parte de la justicia panameña es el caso New Business.
La propia jueza Baloísa Marquínez decidió en noviembre último acogerse al término por ley de 30 días para convocar a juicio al multimillonario, acusado asimismo por delito contra el orden económico en la modalidad de blanqueo de capitales.
El juicio contra unos 20 implicados en la compra del grupo Editora Panamá América S.A. se basa en una investigación iniciada en 2017, cuando el Ministerio Público (MP) tuvo conocimiento de la comisión del delito contra el orden económico por la adquisición irregular de un conglomerado de medios informativos.
De acuerdo con el MP, los nuevos desembolsos en el caso New Business fueron entregados por empresas que a su vez recibieron contratos para distintas obras de infraestructura. Todas estas acciones se ejecutaron también en el periodo 2009-2014, durante el gobierno de Martinelli.
OTRAS CAUSAS POR CORRUPCIÓN
Este año igualmente la fiscalía confirmó que el Tribunal Superior de Liquidación de Causas Penales abrió proceso criminal por blanqueo de capitales en el caso Lava Jato.
La causa involucró al extinto bufete Mossack Fonseca, epicentro del escándalo Papeles de Panamá, y con la nueva disposición los involucrados, cuyas identidades no fueron relevadas aún, deberán comparecer en audiencia, también sin una fecha precisa.
Y como si fuera poco, en el año que cierra salieron a relucir denuncias contra el gubernamental Instituto para la Formación y Aprovechamiento de los Recursos Humanos (Ifarhu), por el despilfarro de fondos públicos en el país, todavía en espera de que el Contralor, Gerardo Solís, se pronuncie al respecto.
El Ifarhu, que debe favorecer con sus proyectos a jóvenes talentos, es de las instituciones criticadas por otorgar beneficios económicos a familiares de políticos asociados al gobernante Partido Revolucionario Democrático (PRD).
Entre los impugnados por esas ayudas está la hija de la diputada Zulay Rodríguez, actual precandidata presidencial por libre postulación.
Aunque la investigación comenzó, varios analistas coindicen que la justicia sigue atrapada por los intereses de políticos y círculos de poder económico, frente a la inercia de la Contraloría General de la República en su papel de verificar el uso dado a los fondos públicos. A juicio de Carlos Lee, de la Alianza Ciudadana Pro justicia, lo que evidencia el caso en el Ifarhu no es más que la confirmación de la distorsión de la clase política en cuanto a su responsabilidad en el manejo de los presupuestos del Estado.
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