Al mismo tiempo, el ministro renunciante de Defensa, Daniel Barragán, desmintió rotundamente los rumores recogidos y amplificados por partidos de derecha y medios de prensa afines.
Los rumores pasaron de decir que Barragán renunció porque no secundó el supuesto intento golpista del presidente Castillo contra el Parlamento que impulsa la vacancia (destitución) del mandatario, a hablar de un acuerdo entre el Legislativo y la cúpula militar.
Williams declaró que no hay razones ni apoyo para un golpe del Gobierno, porque este carecería, según él, de argumentos, y de apoyo de alguna instancia, aparente alusión a las Fuerzas Armadas.
“Un golpe de Estado tiene que tener una razón, tiene que tener una relación, tiene que haber agentes y agencias del Estado que estén de acuerdo”, requisitos que no existen, dijo.
Ante una pregunta de la prensa, respondió que no ha recibido ninguna nota de los servicios de inteligencia sobre un golpe de Estado o una toma del Palacio Legislativo.
El mismo día de la dimisión de Barragán, el presidente Pedro Castillo y el Consejo de Ministros desmintieron que el Gobierno se proponga quebrar el orden constitucional e insistieron en un llamado al Legislativo al diálogo por la gobernabilidad.
Sin embargo, las legisladoras de derecha extrema Maricarmen Alva, Martha Moyano y Norma Yarrow, y el promotor de la moción de vacancia de Castillo, Edward Málaga, pasaron la noche en la sede congresal, en una vigilia para “defender y proteger” el Palacio Legislativo, según dijo Yarrow.
Tal actitud fue considerada ridícula por la congresista de centro Susel Paredes, quien desacreditó los rumores y criticó también el reforzamiento de verjas que cercan el Palacio Legislativo en un amplio perímetro e impiden al público acercarse a la sede del Congreso.
El parlamento, bajo control de fuerzas de derecha extrema, tiene una desaprobación de más de 80 por ciento en las encuestas de opinión pública.
De otro lado, la subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso de Perú desestimó una acusación contra la vicepresidenta Dina Boluarte, de infracción constitucional, que pretendía inhabilitarla por una infracción menor para desempeñar funciones públicas por 10 años, lo que de prosperar hubiese implicado su retiro del cargo.
El grupo congresal tomó la decisión por 13 votos a favor y ocho en contra y habilitó a Boluarte para ser la sucesora de Castillo, en caso de que el presidente sea vacado.
Previamente, Boluarte renunció a su ratificación como ministra de Inclusión Social y argumentó que prefería mantenerse al margen de la polarización política.
jha/mrs
