La reciente aprobación para construir la terminal de exportación de petróleo más grande del país frente a la costa del golfo de Texas, por ejemplo, se produce después de que el desarrollador del proyecto amplió su operación de cabildeo en ámbitos federales, alertó el sitio OpenSecrets.
Según el reporte, el pasado 22 de noviembre la Administración Marítima, una agencia del Departamento de Transporte responsable de regular la infraestructura de aguas profundas, aprobó la Terminal Petrolera de Puerto Marítimo, propuesta por Enterprise Products Partners.
La compañía con sede en Texas calificó la decisión como un «hito significativo» en el proceso para obtener una licencia para el proyecto que, de construirse, podría aumentar drásticamente la capacidad de Estados Unidos para exportar petróleo crudo.
Lo llamativo del caso, acorde con la información, es que después de presentar una solicitud para construir la terminal en enero de 2019, Enterprise Products amplió su operación de cabildeo y gastó 810 mil dólares ese mismo año, un aumento del 26,6 por ciento en comparación con los 36 meses anteriores.
Además, la empresa también contrató a las firmas VNF Solutions y BGR Government Affairs para influir en el gobierno federal en su nombre.
En resumen, la compañía gastó casi tres millones de dólares en acciones de presión al gobierno federal durante los cuatro años que su propuesta ha estado bajo revisión, según la investigación de OpenSecrets.
Las divulgaciones presentadas por Enterprise Products y VNF Solutions mencionan específicamente que forzaron a la Administración Marítima para obtener autorización con el fin de «construir una terminal de exportación frente a la costa de Texas».
Asuntos Gubernamentales de BGR, que recibió más de un millón de dólares de Enterprise Products, informó que presionó a la Comisión Marítima Federal, una agencia gubernamental independiente que regula el transporte marítimo en temas asociados al petróleo y al gas.
Los críticos de la terminal petrolera del puerto marítimo insisten en que permitir que el proyecto continúe prolonga la dependencia estadounidense de los combustibles fósiles y socava la agenda climática de Biden.
Sin embargo, las supuestas pretensiones del gobernante de priorizar el cuidado medioambiental ya fueron previamente cuestionadas cuando, bajo presión por los altos precios de la gasolina, a principios del pasado abril incumplió una promesa de campaña de poner fin a los permisos de petróleo y gas en tierras públicas.
“Biden no puede liderar la lucha contra el cambio climático, la protección de la salud pública o la defensa de la justicia ambiental y, al mismo tiempo, permitir que las compañías de combustibles fósiles aseguren años de extracción de combustibles fósiles”, declaró Kelsey Crane, miembro de la organización ambiental, Earthworks.
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