La resolución de la jueza Jeannette Valdés, presidenta del Tribunal de Mayor Riesgo B, incluyó igual sentencia para la exvicepresidenta Roxana Baldetti, así como una multa de un poco más de un millón de dólares para cada uno.
Valdés tuvo en cuenta la probatoria de los delitos de casos especiales de defraudación aduanera y asociación ilícita contenidos en el expediente que aportó la Fiscalía, cuestionada durante el juicio por la falta de sustento en su investigación.
Sin embargo, no hubo pruebas suficientes para la acusación de enriquecimiento ilícito, explicó ante la audiencia.
Otros siete implicados en la llamada estructura criminal fueron encontrados culpables de asociación ilícita e igual cantidad quedaron absueltos.
Entre ellos, Anthony Segura, exsecretario general del sindicato de la Secretaría de Administración Tributaria (SAT), y también señalado por cohecho pasivo.
La declaración del colaborador eficaz, Salvador González, alias Eco, quien reveló los esquemas de pago de sobornos, no fue tomada en cuenta y recibió seis años y medio de cárcel por los delitos de asociación ilícita, casos especiales de defraudación aduanera y cohecho pasivo.
El pasado lunes dio inicio en el Tribunal de Mayor Riesgo B la audiencia de última palabra del emblemático caso de defraudación aduanera La Línea, el cual salió a la luz pública en abril de 2015, tras su presentación por el Ministerio Público de conjunto con la hoy extinta Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala.
La presentación entonces de la red requirió como primeras capturas a los exjefes de la SAT, Álvaro Omar Franco y Carlos Muñoz Roldán, quienes resultaron absueltos este miércoles.
En septiembre de 2015, Pérez Molina se vio obligado a renunciar en medio de multitudinarias protestas en la capitalina Plaza de la Constitución y pocos días después que se entregara a la justicia Baldetti.
Ambos permanecieron en prisión preventiva durante siete años, tiempo que tomó al sistema de justicia agotar todas las fases de la investigación, que involucró a 29 personas en total.
La investigación de La Línea sirvió para poner en evidencia otros tantos casos de estructuras criminales que operaban con impunidad en el Estado.
No obstante, muchos de los fiscales que iniciaron estos procesos tuvieron que salir del país por presiones y persecución penal en su contra, según declararon públicamente.
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