El mandatario manifestó ante cientos de personas en las afueras de la sede del órgano legislativo unicameral que con esa modificación los militares y policías podrán colaborar continuamente en la lucha contra el narcotráfico sin necesidad de declarar estados de excepción.
En su discurso, el gobernante pidió a los asambleístas aprobar la iniciativa con urgencia y no dar la espalda a los ecuatorianos en medio de la escalada de inseguridad en el país.
El ministro de Interior, Juan Zapata, señaló en declaraciones a la prensa que es necesario dar luz verde a la disposición porque «ya no podemos estar viviendo en estados de excepción» y subrayó que el país necesita trabajar todos lo días con equipos combinados de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas.
Por su parte, el presidente de la Asamblea Nacional, Virgilio Saquicela, informó que ahora el documento irá a la Comisión de Enmiendas, la cual tendrá entre 10 y 15 días para tramitar un informe, luego habrá dos debates en pleno del legislativo y, si es aprobado, se someterá al voto popular.
No obstante, no existe plazo para que los asambleístas se pronuncien al respecto y cabe incluso la posibilidad de dilatarlo, lo cual el Gobierno pretende evitar a toda costa.
Hasta 2018 en Ecuador estuvo vigente una normativa que permitía a los militares colaborar con el orden interior, pero la derecha la derogó en aquel momento y ahora la impulsa nuevamente.
Lasso intentó incluir ese tema en la consulta popular que se realizará en febrero próximo, pero la Corte Constitucional la rechazó.
La oposición, mayoría en el Parlamento, asegura que no va a obstaculizar el proyecto siempre y cuando cumpla con lo previsto en la Constitución.
Para especialistas, como el sociólogo Fernando Carrión, esa no sería una solución del todo eficaz, pues en varias ocasiones a través de los estados de excepción las Fuerzas Armadas intervinieron en el control social sin lograr su propósito, pues la escalada de violencia continúa en el país.
La situación de inseguridad en Ecuador se debe, a su juicio, al papel de esta nación suramericana en las nuevas rutas del tráfico de drogas hacia mercados en el norte y a la falta de inversiones tanto en áreas sociales (salud y educación) como para instituciones de seguridad.
mgt/avr
